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El alcalde ordena que se valle el Mariposario y el dueño lo denuncia

   

Personal municipal inició el martes los trabajos para vallar el inmueble y cumplir así la legalidad vigente. / DA

Personal municipal inició el martes los trabajos para vallar el inmueble y cumplir así la legalidad vigente. / DA

GABRIELA GULESSERIAN | Icod de los Vinos

El alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSOE), ordenó el martes iniciar las obras para vallar el Mariposario del Drago, una decisión hecha efectiva a través de un decreto, dictado cuatro días antes, “para cumplir un procedimiento administrativo ordenado por el Ayuntamiento, derivado de una obra en la que se detectaron irregularidades y que no cuenta con la licencia de apertura correspondiente”.

El concejal de Urbanismo, Ramón Luis Socas, recuerda a este periódico que en 2010 el juzgado emitió un auto imponiéndole al Consistorio la obligación de hacer efectivo el precinto, que ha sido quebrantado en reiteradas ocasiones por parte de los responsables del recinto pese a las bandas policiales que se colocaban”. Este incumplimiento, según Socas, “puede tener responsabilidades económicas y penales para el alcalde, al ser el máximo responsable de velar que se cumpla”.

Ante las continuas infracciones, el grupo de gobierno (PSC-PSOE) decidió adoptar “medidas más drásticas, como la colocación de una valla electrosondada de unos dos metros de altura fijada en la vía pública, “que cuenta con todos los permisos pertinentes”. Unos trabajos que prevén culminar a mediados de la próxima semana, confirma el edil de Urbanismo. No obstante, la actuación “prevé un acceso en la parte trasera para que el personal pueda alimentar y dar los cuidados necesarios a los animales que se encuentran dentro hasta que se pueda producir el desalojo de los mismos”.

Socas reconoce que en el actual contexto económico estas medidas “son difíciles, pero estamos cumpliendo con la legalidad y con lo que nos ha dictado el auto del juzgado”, recalca.

Trabajos sin previo aviso

El martes, el mismo día en el que se inició el vallado, el director del Mariposario del Drago, José Antonio Plaza, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod contra el alcalde, con quien tiene causas penales pendientes, por “la última barbaridad que se le ha ocurrido para acabar con el Mariposario, tapiar la entrada como si fuera un gueto”. Trabajos que, según él, “se iniciaron sin notificación ni previo aviso”.

Asimismo, considera que se trata de cumplir un decreto municipal, “no un auto del juzgado, porque en ese caso él también hubiese sido notificado”.

En mayo de 2004 el Ayuntamiento ejecutó un precinto de obras debido a que la instalación ocupa más espacio del permitido por la licencia, que “ha ido cambiando porque los responsables municipales no son capaces de decir qué es lo que hay que hacer, ya que su intención es cerrarlo no se sabe movidos por qué intereses”, declara Plaza.

El recinto, que tiene una licencia de apertura conjunta con la de obra, aunque no la definitiva, también cuenta con los correspondientes permisos del Gobierno de Canarias y sigue abierto al público hasta que lo impida alguna valla. “Si el Ayuntamiento quisiera cerrarlo legalmente, puede abrir un expediente de clausura pero no lo hace y habría que preguntarse por qué”, insiste el director.

“Llevo años planteando soluciones a los distintos grupos de gobierno pero nunca hemos llegado a nada porque lo que quieren es cerrar el recinto”, subraya.

Largo proceso judicial

Dudas sobre las competencias

El director del Mariposario del Drago, José Antonio Plaza, cree que el alcalde, Juan José Dorta, “está abusando de un poder que le da el pueblo para perjudicarlo, tanto a él como a su negocio. Entre otras cosas, porque desde 2007 el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de urbanismo después que el pleno las transfiriera a la Gerencia Municipal de Urbanismo”. Sin embargo, la autorización de las obras del vallado las firma el alcalde y no el concejal correspondiente y por eso en su denuncia Plaza duda de la legalidad de la orden. También deja claro la “mala relación” entre ambos y la existencia “de diversos procedimientos penales”, como consecuencia de un largo proceso judicial, iniciado en 1996, que deberían dar lugar a su abstención del caso” y advierte de los graves perjuicios que podría tener el vallado, razón por la cual pide que se suspenda.