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A la cárcel por menosprecio

   

EUROPA PRESS | Madrid

Un guardia civil condenado a tres años y un día acusado de insulto a un superior entró ayer en la prisión madrileña de Alcalá Meco hasta donde acudió acompañado de su novia y una representación de compañeros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (la AUGC).

El colectivo mayoritario dentro del Instituto Armado denunció que mientras a ellos les tratan “como a delincuentes” hay otras personas imputadas en España, “algunos famosos, que nunca entran en la cárcel”.

“Ha sido lamentable, no dábamos crédito a lo que estaba pasando, Alcalá Meco es una prisión con todo lo que ello conlleva”, denunció el secretario general de la AUGC, Alberto Moya, minutos después de despedir a su compañero a las puertas del centro penitenciario.

A su juicio, este episodio supone “un fracaso absoluto del Estado de Derecho, otro recorte de derechos, un cúmulo de errores y de dejación de funciones por parte de la Administración”. Censura al Gobierno por no haber impedido que “uno de sus agentes entre en la cárcel”.

NADA DE INDULTO

“Nuestro compañero no es ningún delincuente, le dieron la opción de pedir el indulto, pero no quiso hacerlo porque él no es ningún delincuente. El indulto lo tendría que haber pedido la Dirección General de la Guardia Civil”, insistió Moya, quien anunció “movilizaciones” para lograr la liberación del agente y ha instado a los partidos políticos a que no se aplique a los guardias civiles el Código Penal Militar. “Sentimos rabia, indignación y rechazo. Aquí vemos imputados de toda clase social, incluso famosos y nadie entra en prisión”, sentenció. Según relató Moya, el guardia civil afectado estaba “muy emocionado” antes de entrar, agradeció el acompañamiento y advirtió de que va “a luchar hasta el final por su inocencia”.

Posteriormente se ha retirado a dar un paseo en compañía de su novia por los alrededores de la cárcel antes de cruzar el perímetro de seguridad.

Tres meses y un día por un “insulto”

Los hechos que han conducido a prisión a un guardia civil se remontan a junio de 2010 cuando se produjo un grave altercado público en el que participaron más de 300 personas en el municipio de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) y que terminó afectando a la seguridad del puesto de la Guardia Civil.

Según la versión de AUGC, el agente, que ahora deberá cumplir la condena, se encontraba por orden del capitán en un dispositivo de seguridad para evitar el asalto al cuartel.

El superior con el que tuvo el conflicto, un cabo que no participaba en el operativo, se dirigió al guardia y este le dijo “échate para allá, déjame trabajar, cumplo órdenes del capitán”, unos términos que el tribunal militar ha considerado que son “insulto a un superior”. No ha quedado demostrado si realmente el guardia empujó al cabo en cuestión o no.

Por estos hechos fue condenado el pasado año a tres meses y un día de prisión, y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de pena. La AUGC considera que los miembros del servicio jurídico de las Fuerzas Armadas, ninguno de carrera, no tienen “imparcialidad e independencia”.

Pidieron, sin éxito, la suspensión de la condena al carecer el agente de antecedentes penales y argumentan que los guardias civiles no son miembros del Ejército y por tanto no se le podría haber aplicado el Código Penal Militar.