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Falta de coraje – Por José Alberto León

   

El Gobierno español ha presentado su nuevo escenario económico para el periodo 2013-2016. En él destaca la prórroga de dos años obtenida de Bruselas para reducir el déficit de España al 3% del PIB. En lugar de alcanzar esa meta el próximo año 2014, se hará en 2016, lo que permite una senda de ajuste mucho más suave. Así, se evita un recorte de 18.000 millones de euros adicionales a los previstos para pasar a uno de sólo 3.000 millones de euros, y permite que las cuentas cuadren con un crecimiento menor del previsto (-1,3%) para 2013. Igualmente, al reducir las tasas de crecimiento del PIB esperadas para el periodo 2013-2016, el Gobierno corrige al alza la tasa de desempleo prevista para cada año, que alcanzará el 25,8% al final de la legislatura, unos 5,7 millones de desempleados.

Respecto a las nuevas previsiones, muchos analistas critican que asumen altas tasas de desempleo durante toda la legislatura, pero eso no resulta desgraciadamente sorprendente. Si tras la anterior crisis de 1992-1994 se tardó nada menos que trece años de intenso crecimiento económico (burbuja incluida) en reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%, tras una crisis más profunda y generalizada como la actual, el tiempo necesario no va a ser poco. El resto de indicadores mejora, pero la mejoría en datos como el déficit, la prima de riesgo y las exportaciones, no dejan de ser cifras macro y no dicen nada al ciudadano con problemas económicos.

Con eso no se come. Sin embargo, en mi opinión, el Gobierno se ha querido curar en salud y ha presentado unas cifras demasiado prudentes en términos de creación de empleo. Si bien esas cifras podrían ser lógicas antes de la reforma laboral, la nueva legislación debería permitir una mayor creación de empleo con un menor crecimiento económico. Si no fuera así, la reforma (entonces sí) habría resultado un fracaso. Del reparto del déficit entre administraciones lo más destacable es que no requiere de grandes ajustes adicionales sobre los ya realizados en las comunidades autónomas (CC.AA.) cumplidoras, pero sí en las incumplidoras y en la Seguridad Social (SS.SS.). Para ésta última se prevé un déficit del 1,4% del PIB en 2013, es decir 15.000 millones de euros, pero en 2014 el déficit se reducirá en 5.000 millones de euros, lo que no se explica sin la introducción del llamado factor de sostenibilidad en las pensiones. Sin esa reforma el déficit previsible ascendería a unos 20.000 millones de euros en 2014 (el 1,8% del PIB) y más en años posteriores. Este factor de sostenibilidad vincularía la edad de jubilación a la esperanza de vida en el momento de la jubilación, mantendría constante la ratio entre años cotizados y años de cobro de pensión para tener derecho a pensión completa y ligaríala cuantía de la revalorización de las pensiones, no a la variación del IPC, sino a la del PIB o del ratio cotizantes/pensionistas. Será la gran reforma del año y generará no poca controversia, pero la evolución demográfica sigue una senda explosiva. En las condiciones actuales, habría que crear más de 750.000 empleos al año sólo para contener el incremento anual del déficit, y eso solo ocurrió durante unos pocos años de la burbuja.

El Gobierno ha actualizado también el Programa Nacional de Reformas aprobado en junio de 2012. El nuevo programa en la práctica corta y pega la mayor parte de las reformas previstas en el anterior. Pero dado que el actual Gobierno sigue la estrategia zapateril de anunciar múltiples veces las mismas reformas y que finalmente muchas nunca llegan a ponerse en práctica, mucho me temo que el nuevo programa y su calendario (como el anterior) será papel mojado en unos pocos meses. Sirva de ejemplo la cacareada reforma de las administraciones públicas, que en un principio se iba a aprobar en junio de 2012, luego en septiembre, diciembre, marzo de 2013 y ahora… a finales de 2013. Y es que parece que recortarse a sí mismos resulta de lo más complicado para nuestros políticos. La reforma prevista reduce, por ejemplo, el personal de confianza en los municipios desde los alrededor de 20.000 personas que existen actualmente a un máximo de 6.500, con unos 1.000 millones de euros de ahorro anuales, pero eso levanta ampollas entre los dirigentes locales de todo pelaje político, que ven peligrar su chiringuito clientelista. Y el Gobierno pretende ahora además eliminar las duplicidades competenciales entre el Estado, las CC.AA. y las administraciones locales. Más difícil todavía. Solo una modificación constitucional en el reparto de competencias entre administraciones introduciría cierta racionalidad y permitiría que entrara en vigor la tantas veces anunciada Ley de Unidad de Mercado, que no para de tropezar en obstáculos jurídicos que impiden que cualquier empresa española pueda ofrecer un mismo bien o servicio en toda España, sin regulaciones autonómicas adicionales. Ahora es más sencillo prestar un servicio o abrir un establecimiento en Francia o Alemania que en la región vecina. Es ridículo.

Para reducir el desempleo habría que introducir estímulos en nuestra economía. Si carecemos de los recursos económicos para hacerlo por el lado de la demanda (con más gasto público), debería al menos hacerse por el lado de la oferta (liberalización y simplificación), y cuanto antes mejor, pues las políticas de oferta tardan más tiempo en hacer efecto, aunque su impacto suele ser más duradero. Multitud de actividades (comercio, taxis, farmacias, procuradores, ingenierías, y en Canarias incluso el turismo) sufren las restricciones a la entrada de nuevos competidores.

Las reformas liberalizadoras son problemáticas porque siempre se molesta a alguien, que protesta airadamente. Pero hay mucho empleo por crear si se liberalizan los mercados. Más de dos millones de empleos estables entre servicios de apoyo a la empresa y el comercio, si se alcanzan las cotas de productividad de otros países europeos. La complicación de abrir un nuevo local, las licencias o permisos necesarios y la existencia de una regulación específica para establecimientos de gran tamaño lastra la economía, igual que el límite en las horas de aperturas semanales permitidas por local.

El comercio minorista en Suecia tuvo el ritmo más alto de crecimiento en toda Europa entre 1995 y 2005, y comenzó con una relajación de la normativa de apertura de nuevos locales en los noventa, reduciendo el poder de los municipios y regiones para regularlos, lo que permitió doblar la superficie del local medio entre 1990 y 2000 y abrir muchos nuevos establecimientos. En España no parece haber coraje para hacerlo.