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IU vincula el proyecto del petróleo a la financiación “oculta” del PP

   

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Un manto de dudas se extiende sobre el escenario de las proyectadas prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias. Al litigio jurídico, Izquierda Unida añade sospechas de financiación irregular. Ayer, los coordinadores regional e insular de Tenerife, Ramón Trujillo y José Pérez Ventura, vincularon los permisos concedidos por el Ministerio de Industria a Repsol con los denominados papeles de Bárcenas.

Uno de los firmantes de la querella presentada por IU en el caso de la presunta cuenta B del PP, el abogado Pérez Ventura, recordó en rueda de prensa que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputado, entre otros, a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, una de las empresas que controlan la multinacional. “Creemos que esas donaciones [al Partido Popular] se realizaron a cambio de contrataciones y autorizaciones”, expuso.

Izquierda Unida es la única organización política que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el 1462/2001, de 21 de diciembre, y se otorgan nueve licencias de investigación de hidrocarburos.

Aunque la iniciativa se puso en marcha el año pasado, es ahora cuando la Abogacía del Estado ha contestado. En estos momentos, se está pendiente de la comparecencia de Repsol. Además, IU ha planteado un serie de preguntas para su respuesta en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias de un vertido y si los beneficios compensan los riesgos que conllevan los sondeos y la extracción de petróleo.

Aparte de las razones medioambientales y de sostenibilidad económica, Izquierda Unida considera que las cifras de creación de empleo son un engaño. “Se habla de 5.000 puestos de trabajo para una sola plataforma, que es la misma cantidad que generan las cien del golfo de México”, arguyó Ramón Trujillo.

En opinión de IU, “el ministro del petróleo [José Manuel Soria] ha cedido a las presiones de los intereses de una multinacional originariamente española (privatizada) pero de capital mayoritariamente extranjero”.

En tales circunstancias, censura lo que califica de “interferencia ilegítima e intolerable del poder del dinero” en decisiones de “indudable interés público”.

Sacyr participa en el accionariado de Repsol con el 9,53%, mientras que CaixaBank posee una cartera del 12,20%.