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Otra sentencia del TSJC anula el Plan General de El Rosario

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio de El Rosario al considerar que invade el el espacio protegido de Montaña Carboneras. Según recoge el periódico digital Canariasahora.com, da así respuesta a un particular que impugnó el acuerdo de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que daba el visto bueno a este documento urbanístico, al mismo tiempo que denunció tanto al Ayuntamiento rosariero como al Cabildo tinerfeño.

En su auto, el juez del TSJC, Helmut Moya, estima probadas dos de las cuatro causas por las que el demandante solicitaba la anulación de dicho PGO.

Así, una de ellas está relacionada con el hecho de que el documento permite construir una urbanización en el espacio protegido de Montaña Carboneras, a una altura de entre 830 a 865 metros, donde se localiza una pendiente de más del 20%, lo cual no está permitido. La Sala también ha estimado la solicitud la nulidad del Plan General de Ordenación ya que no había sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, ni se había aprobado un avance.

Esta sentencia está en la misma línea de la dictada por el el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace exactamente un año en la que se anulaba también el Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, al carecer de una evaluación de impacto ambiental estratégica exigida en la Ley 9/2006 que avale las recalificaciones de suelos rústicos a urbanizables, en este caso unos terrenos en Montaña de Jagua (en la zona de Machado).

Este auto también atendía a la demanda de un particular que descubrió que el suelo donde tiene su finca agraria y ganadera estaba dentro de una futura urbanización cuando fue a pedir “un permiso para limpiar las huertas”, y no porque el Ayuntamiento propiciara la participación ciudadana en el PGO.

El Consistorio mantiene que su actuación se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente, persiguiendo el interés público.