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Piden 6 años de cárcel al empresario del soborno que dio origen al Caso Unión

   

EFE | Las Palmas

El fiscal solicitará seis años de cárcel para empresario al que acusa de haber intentado comprar a un consejero del Cabildo de Lanzarote para desbloquear una operación urbanística de 69 millones de euros, en los hechos que dieron origen a la trama de corrupción conocida como “Caso Unión“.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo Las Palmas ha hecho pública hoy la acusación por un delito continuado de cohecho que ha formulado ante el Juzgado número 5 de Arrecife (Lanzarote) contra el promotor urbanístico Luis Lleó y contra Fernando Becerra, el intermediario que ha confesado durante la instrucción que le ayudó a intentar sobornar al consejero insular Carlos Espino (PSOE).

El Ministerio Público comienza su relato de hechos en la licencia que en 2006 concedió el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes -encausado en varios procesos penales por delitos relacionados con el urbanismo- a la empresa Residencial Costa Roja SL para construir una urbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje en Playa Blanca.

La licencia fue impugnada – “por su manifiesta ilegalidad”, subraya el fiscal-, por el Cabildo de Lanzarote, que en julio de 2007 consiguió una orden judicial que suspendió cualquier tipo de obra en esa parcela. En paralelo, el consejero de Presidencia del Cabildos, Carlos Espino, presentó una querella por delito urbanístico contra los responsables de haber dado ese permiso,

La Fiscalía asegura que, movido por “las indudables pérdidas millonarias” que esa decisión le provocaba, el propietario de Costa Roja, Lluis Lleó, “ideó un plan para conseguir por todos los medios desbloquear esa situación y lograr desarrollar urbanísticamente la macrourbanización”, plan que consistía en “corromper” a Carlos Espino, en la confianza de que él podría convencer a los técnicos del Cabildo para que le hicieran “un traje a medida” al proyecto.

El fiscal sostiene que Lleó pensaba que Carlos Espino, por su posición en el Cabildo y por su condición de miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, era “la llave” para desactivar los reparos legales que frenaban ese negocio urbanístico, por lo que “diseñó una estrategia criminal para ganarse su voluntad” y lograr que influyese en los técnicos.

Luis Lleó -siempre según el fiscal- pretendía que Espino convenciera a la presidenta del Cabildo, Manuela Armas (PSOE), de que la corporación retirara su recurso y que sus terrenos fueran incluidos como urbanizables en un plan territorial especial.

Y, además, aspiraba a que el desarrollo de esos terrenos se vinculara a las compensaciones que las instituciones de la isla iban a ofrecer a los propietarios de los hoteles construidos en la misma localidad, Playa Blanca, con licencias declaradas ilegales.

Según el Ministerio Público, Lleó recurrió a un intermediario, Fernando Becerra, para que le ayudara a corromper a Espino y para que hiciera llegar a este una “hoja de ruta” sobre los pasos que debía dar para que la urbanización pudiera seguir adelante. El principal acusado entregó a Becerra esa hoja de ruta en la cafetería “La Unión” de Arrecife, que ha dado nombre al caso.

El fiscal mantiene que Becerra ofreció a Espino inicialmente el 5 % del negocio que generara la urbanización, luego le planeó cobrar una comisión de 300.000 euros a repartirse entre ambos y, finalmente, llegó a tentarle con una mordida de 600.000 euros más un porcentaje de las ventas que Lleó hiciera a los hoteleros de Yaiza.

Carlos Espino denunció todos estos hechos a la Justicia, lo que puso en marcha uno de los mayores procesos por corrupción de Canarias, un macrocaso -aún en instrucción- en el que han estado imputados varias decenas de políticos, funcionarios y empresarios.

En su escrito de cargos, el fiscal subraya que el acusado Fernando Becerra “ha confesado reiteradamente en todas las declaraciones en sede policial y judicial” este intento de soborno, por lo que solicita para en un condena menos severa, de un año y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.

En cambio, para el empresario Luis Lleó demanda seis años de cárcel, un millón de multa e inhabilitación especial para ejercer empleos o cargos públicos durante diez años.

La Fiscalía solicita que estos hechos sean juzgados por un Tribunal del Jurado, competente sobre los delitos de cohecho.