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Reforma consensuada – Por Leopoldo Fernández

   

Es de puro sentido común. Si se quiere que una reforma política de calado dure, la medicina es el consenso, el pacto, el acuerdo. La mayoría absoluta es legítima, sí, pero vale para lo que vale. Sacará adelante cualquier iniciativa parlamentaria, pero el Gobierno que venga después con otro color político estará legitimado para cambiar las cosas. Ha pasado desde el principio de los tiempos democráticos y ahora mismo está a punto de pasar si el presidente Rajoy no lo remedia y no detiene, para mejor reestudio y consideración, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como Ley Wert, dedicada a la enseñanza no universitaria. Nadie duda de su necesidad porque ahí están para justificarlo las escandalosas cifras del fracaso escolar y la necesidad de revisar tanto la calidad educativa y las propias disfunciones del sistema como la reorganización de la formación profesional, a la que se augura un gran futuro dada su necesidad para el conjunto de la economía española. Desde la llegada de la democracia, en España se han aprobado siete leyes orgánicas sobre educación que no han servido para los fines que perseguían. La que ahora prepara el Gobierno ha suscitado numerosas protestas, la última el pasado jueves con una huelga que se pretendía general en el sector -desde preescolar a la universidad- pero que no alcanzó ese objetivo. Para sus organizadores -sindicatos, APAS y profesores con el apoyo de los partidos de izquierda-, afectó al 72% de la enseñanza; para el Ejecutivo nacional, al 20%. Sea como fuere -cada parte suele arrimar el ascua a su sardina-, el caso es que la reforma no ha sido consensuada. Han faltado diálogo, entendimiento y buena voluntad entre los actores que conviven en el sistema a educativo. Se han sucedido los excesos, las descalificaciones frontales -en particular sobre la escasa consideración con el profesorado y su promoción y formación, la irreversibilidad de los itinerarios, la presencia de la religión en la escuela, la baja dedicación de recursos económicos, la devaluación del Consejo Escolar- y la vuelta a los viejos dogmatismos del pasado. En estas condiciones parece prudente tomarse un tiempo de reflexión por parte de todos y volver a intentar unos acuerdos mínimos que garanticen la duración de la nueva ley sobre presupuestos razonables y experiencias debidamente tasadas y probadas con éxito en países como Finlandia. Los sucesivos informes Pisa consideran que el finés es un modelo ideal, los buenos resultados que viene obteniendo un sistema educativo que, en sus líneas fundamentales y salvo la incorporación de las nuevas tecnologías, no ha variado desde finales de los años cuarenta.