X
política >

Restan sanitarios y efectivos contra el fraude fiscal para ganar maestros

   

La convocatoria de las oposiciones fue acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de marzo. / EFE

La convocatoria de las oposiciones fue acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de marzo. / EFE

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

En su denodado objetivo de convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros este año, el Gobierno autonómico no ha dudado en emplear todas las opciones burocráticas que tiene a su alcance, a costa incluso de sus propios funcionarios. Así, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado 11 de abril una resolución por la cual declara “prioritaria” la cobertura de las plazas vacantes existentes en los cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Administración educativa del Archipiélago.

Ello supondrá, agrega la misma resolución, que se resten 44 plazas a las tasas de reposición de efectivos correspondientes a los sectores del personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud (SCS) y 35 de las que estaban contempladas para la Administración General, en concreto aquellas “destinadas al control y lucha contra el fraude fiscal y el asesoramiento jurídico, gestión y control de la asignación eficiente de recursos públicos”, define el BOC.

Dicha resolución deriva del acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo del año 2013, a iniciativa del consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, y a propuesta de su homólogo de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, tras la deliberación del Ejecutivo en una sesión celebrada el pasado día 4 de abril.

La supresión de esas 44 plazas de sanitarios y de las 35 de funcionarios de la Administración General, unidas a las 59 correspondientes a la tasa de reposición del 10% del personal docente no universitario, permitirán a la Consejería de Educación sacar las 138 plazas que se convocan en la oposición.

Tras conocer la decisión del Ejecutivo regional, profesionales y sindicatos del sector sanitario se mostraron muy críticos con la medida y con la propia convocatoria de las oposiciones, que también rechazan las organizaciones y colectivos del sector educativo de las Islas.

Profesionales y sindicatos tildan la decisión de “locura” que agravará los males del sistema

En este sentido, el presidente del Colegio Oficial de Médicos (Comtf) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, señaló que “queda palpable que las únicas contrataciones que se harán serán las de los médicos que se jubilan, porque las tasas de reposición del personal estatutario no se van a ir cubriendo”. Según Martín, el Gobierno “falta a la verdad, por ejemplo respecto a la promesa del presidente sobre el plan de choque contra las listas de espera”.

Además, “está por ver cómo queda la situación en los hospitales y centros de salud si no se cubren esas 44 plazas sanitarias”, recalcó el responsable colegial, quien calificó la medida de “verdadera locura”, que “agravará” la ya delicada situación de la sanidad en Canarias.

En la misma línea se manifestó el secretario general del Sindicato Médico (CESM) en Tenerife, Levi Cabrera, quien explicó que el “atasco” provocado por la paralización de la oferta pública de empleo de 2007, está creando muchos problemas a la Consejería, que además ha decidido jubilar ahora a muchos profesionales a los que había concedido una prórroga, una medida que ya está en los tribunales. “Acciones como esta parecen una auténtica tomadura de pelo, y al igual que tantas otras que se están llevando a cabo parecen abocar la sanidad pública hacia la privatización”, concluyó Cabrera.


… y Canarias líder en economía sumergida

Aunque hace dos meses el director general de Tributos, Alberto Génova, anunció que se intensificaría la lucha contra el fraude fiscal con la incorporación de 100 nuevos funcionarios, la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Maestros hará que la Administración General no pueda disponer ahora de 35 de las plazas contempladas en la tasa de reposición.

El citado Plan de Control Tributario fue una de las medidas estrella del Ejecutivo autonómico, al objeto de mitigar el efecto que tiene la economía sumergida en el Archipiélago. En concreto, según exponen desde el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en Canarias está cinco puntos por encima de la media española, que se sitúa en el 23% del PIB nacional. Además, la economía sumergida mueve al año en las Islas más de 11.650 millones de euros. Por este motivo, partidos como Nueva Canarias han instado al Ejecutivo a que priorice la lucha contra el fraude para paliar la minoración de recursos, garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales y equilibrar así las decisiones que se han tomado, que afectan sobre todo a los trabajadores.