Ebrio de mayorÃa absoluta, de poder absoluto, dirÃase que el Gobierno del PP pretende extenderla, extenderlo, a la única institución del Estado que presta hoy amparo y socorro a la ciudadanÃa frente a los abusos de su poder precisamente. Sabedora la judicatura de que le va en ese envite su propia supervivencia, y con ella la de los últimos vestigios de la democracia, cuya piedra angular es la independencia de los Jueces, parece haber recuperado la beligerancia activa contra las injusticias que sufre hoy, como no las sufrÃa desde el término formal de la tiranÃa franquista, la sociedad a la que con su juramento se comprometió a servir y a defender.
Por hacer lo que se espera de ella, lo que debe, perseguir y castigar el delito, la Justicia está siendo vÃctima de un escrache brutal por parte del poder polÃtico y económico, machihembrado como nunca en la cerrada defensa de sus comunes y espurios intereses, contrarios a los de la nación. Las sospechas fundadas de graves ilÃcitos en la o las contabilidades del partido en el gobierno, que pudieran revelar incluso la dedicación de éste al comisionismo, o la imputación y hasta el encarcelamiento preventivo de banqueros y empresarios afectos al dicho partido por el expolio de Caja Madrid, la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia y la gigantesca estafa perpetrada contra centenares de miles de clientes, han enconado ese escrache a la Justicia por parte de esos poderes que no esperaban de ella esa probidad, ese arrojo, esa profesionalidad, esa independencia y esa valentÃa. Ruz, Castro, Silva, Alaya, Andreu, Bermúdez, ellos y cuantos, sumisos a la ley y a sus propias funciones, están actuando y resolviendo a favor de la justicia y contra los abusos del poder y de la banca, ya sea en lo referente a los ominosos desahucios hipotecarios, a los actos presuntamente delictivos de miembros de la Familia Real, a la sospechosÃsima financiación del Partido Popular, al saqueo de los ERE o, en lo civil, al masivo fraude de las preferentes, están siendo vÃctimas de una campaña de desprestigio que persigue su neutralización.
Si a ello se le añaden los palos en las ruedas de Gallardón y de la FiscalÃa General del Estado, que nunca ve delito donde el resto de la humanidad sÃ, no solo se comprende esta nueva beligerancia judicial, sino lo necesaria para todos que es.