X
al margen>

Escrache a la Justicia – Por Rafael Torres

   

Ebrio de mayoría absoluta, de poder absoluto, diríase que el Gobierno del PP pretende extenderla, extenderlo, a la única institución del Estado que presta hoy amparo y socorro a la ciudadanía frente a los abusos de su poder precisamente. Sabedora la judicatura de que le va en ese envite su propia supervivencia, y con ella la de los últimos vestigios de la democracia, cuya piedra angular es la independencia de los Jueces, parece haber recuperado la beligerancia activa contra las injusticias que sufre hoy, como no las sufría desde el término formal de la tiranía franquista, la sociedad a la que con su juramento se comprometió a servir y a defender.

Por hacer lo que se espera de ella, lo que debe, perseguir y castigar el delito, la Justicia está siendo víctima de un escrache brutal por parte del poder político y económico, machihembrado como nunca en la cerrada defensa de sus comunes y espurios intereses, contrarios a los de la nación. Las sospechas fundadas de graves ilícitos en la o las contabilidades del partido en el gobierno, que pudieran revelar incluso la dedicación de éste al comisionismo, o la imputación y hasta el encarcelamiento preventivo de banqueros y empresarios afectos al dicho partido por el expolio de Caja Madrid, la fraudulenta salida a Bolsa de Bankia y la gigantesca estafa perpetrada contra centenares de miles de clientes, han enconado ese escrache a la Justicia por parte de esos poderes que no esperaban de ella esa probidad, ese arrojo, esa profesionalidad, esa independencia y esa valentía. Ruz, Castro, Silva, Alaya, Andreu, Bermúdez, ellos y cuantos, sumisos a la ley y a sus propias funciones, están actuando y resolviendo a favor de la justicia y contra los abusos del poder y de la banca, ya sea en lo referente a los ominosos desahucios hipotecarios, a los actos presuntamente delictivos de miembros de la Familia Real, a la sospechosísima financiación del Partido Popular, al saqueo de los ERE o, en lo civil, al masivo fraude de las preferentes, están siendo víctimas de una campaña de desprestigio que persigue su neutralización.

Si a ello se le añaden los palos en las ruedas de Gallardón y de la Fiscalía General del Estado, que nunca ve delito donde el resto de la humanidad sí, no solo se comprende esta nueva beligerancia judicial, sino lo necesaria para todos que es.