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Gobierno codificado – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

En medio de la corrupción estructural generalizada y de la crisis que nos agreden, y de la mano de los movimientos ciudadanos de indignados, 15M y demás, nos llega de las democracias europeas la exigencia del denominado Gobierno abierto (Open Government) o transparencia gubernamental. En resumen, el concepto se sustenta en tres características básicas o notas distintivas: la transparencia, o acceso libre de los ciudadanos a la información; la colaboración, o cooperación de los ciudadanos en la actividad política y gubernamental; y la participación política de los ciudadanos a través de las asociaciones espontáneas y los partidos políticos. Lo cual nos lleva directamente al asunto no menos actual de la democracia en el interior de los partidos y de las organizaciones partidistas. Y también a la clásica paradoja, tantas veces estudiada, del contigo ni sin ti: los partidos políticos son necesarios en toda democracia, pero, al mismo tiempo, su existencia y actuación ponen en peligro a toda democracia por medio de la disfunción conocida como partitocracia.

En esa línea, algunos autores, por ejemplo Dahl, prefieren no hablar de democracia, porque consideran que la democracia es un ideal que no existe ni puede existir en la realidad. Lo que realmente existiría son diversas poliarquías (muchos poderes: el poder político reconoce que coexisten una pluralidad de poderes). La versión actual de la poliarquía sería el Gobierno abierto. Y no constituye ninguna sorpresa averiguar que este país nuestro, tan peculiar y tan picaresco, es la única democracia europea digna de ese nombre, excepto tres pequeños países de menos de un millón de habitantes, que carece de una ley de transparencia. Una ausencia que el Gobierno se ha apresurado a intentar paliar con un Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que pretende cubrir tan grave carencia, y que ha resultado ser un texto ni tan amplio y garantista como demandan los ciudadanos ni tan completo como anunciaban sus promotores. Aunque es preciso insistir en que las leyes, por sí solas, no hacen milagros, no tienen efectos taumatúrgicos, como solemos creer los españoles, si bien tampoco es cierto que no sirvan para nada. El proyecto de ley ha sido informado, entre otros, por el Consejo de Estado y por la Agencia de Protección de Datos, y responde a un compromiso del programa electoral del Partido Popular (¡por fin una promesa cumplida!). El PSOE lo prometió en su momento, pero nunca lo cumplió.

Entre las carencias del proyecto, en su estado actual, se ha señalado que no reconoce que el acceso a la información, el derecho a preguntar y el derecho a saber, es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión. Las excepciones al acceso a la información que contempla están enunciadas de forma muy general. Si en un contrato público se incluye una cláusula que impida el acceso a determinada información, la ley no sería aplicable. El silencio administrativo ante una petición sigue teniendo efectos denegatorios. No se puede solicitar información de manera anónima. La prevista Agencia Estatal de Transparencia no ofrece garantías suficientes de independencia porque siempre actuará en el marco de un ministerio, aunque el Gobierno promete que será independiente. Y la futura Ley no tendrá carácter de orgánica. Por el contrario, se valora positivamente que su Disposición Final sexta incluya el mandato de que la ley de presupuestos ponga orden y limites al actual desorden retributivo de las corporaciones locales.

Se cuestiona asimismo su capacidad sancionadora, las sanciones a su incumplimiento, ya que en las dos primeras de las tres partes de que consta el proyecto, Transparencia Activa y Acceso a la Información, no se señalan las infracciones. Se plantea también el problema del encaje de la Casa Real, que ha manifestado su voluntad de ser fiscalizada, pese a la discrecionalidad que le otorga el artículo 65 de la Constitución, de la Iglesia católica y de los colegios profesionales. La patronal y los sindicatos son reticentes a ser incluidos plenamente en la ley, y solo se muestran dispuestos a que se controlen los fondos públicos que reciben, que constituyen más de la mitad de sus ingresos. Algo tendrán que ocultar. Los partidos tampoco están incluidos en la ley, aunque la opacidad de todas estas organizaciones es notoria. Sin embargo, parece lógico que estén controlados íntegramente todos los sujetos de cualquier clase a los que llega dinero público.

La tradicional cultura picaresca española siempre ha sido tolerante y permisiva con la corrupción. Se valoraba la capacidad para defraudar, para eludir los controles fiscales y laborales y la legalidad. Aquí siempre se ha dicho que quien hizo la ley hizo la trampa. Por fortuna, eso está cambiando. Los ciudadanos queremos saber en qué se gasta el dinero público, que es de todos, y lo que ingresan nuestros políticos por ser políticos. Estamos aprendiendo que el control social genera eficiencia, porque la Administración se siente más controlada, con más responsabilidad. Queremos una democracia participativa, con transparencia en la gestión de los fondos públicos. En definitiva, queremos que el Gobierno deje de estar codificado y empiece a emitir en abierto.