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La investigación del padrón no avanza porque “no hay recursos”

   

COMISION CONTROL SANTA CRUZ

Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz. / FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

“Ya es hora de saber el cúmulo de errores que pertenecen a épocas pasadas y que están condicionando el desarrollo actual de este Ayuntamiento”. Esta frase del concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, pronunciada ayer durante la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz es perfectamente aplicable a los cuatro temas principales que se vieron, empezando por las grúas municipales, siguiendo por Mararía y la escollera de San Andrés para terminar con la investigación sobre el padrón. Este último tema hizo coincidir a toda la oposición en que la desaparición de 15.000 vecinos es algo más que mala gestión y por ello la concejal de Sí se puede, Asunción Frías, anunció: “La próxima semana llevaremos a la Fiscalía Anticorrupción este asunto por falsedad documental y por posible fraude electoral”. Frías hizo esta afirmación después de conocer que la investigación puesta en marcha por el Ayuntamiento ni está lista, ni se espera que lo esté en breve.

El responsable de esta investigación, el concejal delegado de Inspección y Evaluación de Servicios, Florentino Guzmán Plasencia, reconoció que los plazos comprometidos -dos meses- para tener un resultado preliminar no se cumplirán porque “no tenemos suficientes recursos para transcribir las más de 15 declaraciones recogidas en unas 100 horas de grabación ya que solo tenemos un auxiliar administrativo que hace estas transcripciones dos horas por la tarde”.

Plasencia añadió que además se ha producido un retraso derivado de que el INE se ha negado a proporcionar los ficheros para contrastarlos con los que tiene el Ayuntamiento. Para subsanar estos retrasos, el edil dijo haber solicitado a Recursos Humanos seis auxiliares más, que si son concedidos, “en el plazo de un mes podríamos tener listo el informe”.

Falta de interés

Estas declaraciones del concejal hicieron que toda la oposición coincidiera en señalar en que esa falta de medios aducida por Plasencia demuestra el escaso interés que tiene el actual equipo de gobierno por llegar al fondo de la cuestión. Frías además preguntó si era cierto que la jefa de los servicios de inspección, responsable de dirigir la investigación, había sido trasladada. “La funcionaria en cuestión,-respondía Plasencia- ha vuelto a la Gerencia de Urbanismo, pero sigue estando al frente de la investigación”. Guigou añadió que según sus fuentes la persona estaba de baja laboral por las fuertes presiones recibidas.

José Manuel Corrales fue un paso más allá y habló de fraude electoral de manera directa, el mismo argumento defendido por Frías que basa esta acusación en que “el censo electoral se apoya en el padrón y si el padrón es falso se infiere que el censo también lo puede ser”.

Más de 300.000 euros en pagos de la grúa

Más de 300.000 euros tendrá que pagar el Ayuntamiento de Santa Cruz si los 21 trabajadores de la anterior concesionaria del servicio de grúa municipal, Desguaces Tenerife, obtienen el mismo resultado que las primeras sentencias conocidas tras su denuncia contra el Consistorio para que sean subrogados, y que obligan al Ayuntamiento a contratar a los trabajadores o indemnizarlos a razón de 18.000 euros cada uno. La concejal de Seguridad Ciudadana, Carmen Delia González, informó ayer, a petición del PP, sobre la situación del servicio, confirmando que se sacará un nuevo concurso después de que la empresa a la que se le adjudicó se negara a recibirlo al no llegar a un acuerdo con los trabajadores.

Según González, hasta el momento se ha tenido que renovar en tres ocasiones a la actual prestataria del servicio, Grúas Cuchi, para evitar que se suspenda la retirada de vehículos en la capital, invirtiendo hasta el momento 117.000 euros.

Zaida González (PP) calificó de “negligencia” lo que determinó de “anormal” funcionamiento: “El concurso tenía que haberse celebrado en diciembre y si las empresas se retiran es porque no tienen la suficiente información”. El resto de grupos acusó al equipo de gobierno de una pésima gestión de los contratos públicos.

Mararía

En la siguiente comparecencia a la de las grúas, la edil de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, reconoció que no tiene fecha para el concurso de servicio de atención domiciliaria por lo que, un año después, las trabajadoras de Mararía siguen exactamente igual.