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Machismo criminal – Por Salvador García Llanos

   

Ha dicho Lorenzo Morillas Cueva, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Granada, que en el marco de esa lacra social que es la violencia de género, donde predomina el llamado machismo criminal, “la prioridad son las políticas sociales previas, las acciones educativas y las firmes inversiones para atenuar los efectos de semejantes conductas”. Tras una semana trágica, con cuatro mujeres asesinadas en un breve lapso de tiempo, las alarmas volvieron a dispararse y aportaciones como la del profesor Morillas resultan de gran interés en el tratamiento de un fenómeno que avergüenza. Los datos son significativos: 52 mujeres murieron en 2012, víctimas de violencia de género. Y en los cinco primeros meses del presente año, ya han muerto 25. El Gobierno de la nación ha reducido en torno a un 30% (ocho millones de euros) la partida presupuestaria destinada a prevención de este tipo de violencia. Y si bien es cierto que el pasado año hubo nueve víctimas mortales menos que en 2011, no parece que esa sea razón suficiente para justificar que haya menos recursos destinados a luchar contra la lacra. Al contrario, siguiendo el testimonio de Lorenzo Morillas, estamos ante una cuestión absolutamente abierta que necesita y al mismo tiempo “exige profundizar en todo tipo de soluciones: preventivas, asistenciales, educativas, de intervención social, científico-investigadoras, económicas y legislativas”. En consecuencia, está claro que se precisa de continuidad, de una acreditada capacidad de gestión a la hora de comprometer los recursos. Sensibilidad y solidaridad, sí. Pero también pruebas fehacientes de que a un mal tan extendido, que golpea con saña en plena crisis, hay que oponer medidas prácticas, sobre todo de prevención e intervención. Parecía que la evolución más reciente del problema apuntaba cambios en su realidad y en su horizonte, según un indicador de los estudios hechos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En efecto, la proporción de mujeres que ha logrado salir del contexto de la violencia de género ha ido en aumento desde que entró en vigor la Ley contra la violencia de género y se aplican las medidas de apoyo que conlleva, pasando de un 4,2% en 2006 a un 7.9% en 2011. Es decir, casi el doble, lo cual prueba la necesidad de perseverar en la modificación de hábitos de conducta y de crear una cultura distinta. Pero para ello es necesario insistir en el valor de la denuncia pues, sencillamente, protege. En 2012, las denuncias por violencia de género registradas se sitúan en niveles similares a los de hace seis años, casi un 6% menos. Asusta saber que el año pasado, por ejemplo, el porcentaje de mujeres asesinadas que no habían presentado denuncia llegó al 81% Malo, en todos los sentidos, porque seguro que se duda de la efectividad de la medida como elemento del sistema de protección. O lo que es igual, si desde los poderes públicos se deja de apoyar a la mujer para que denuncie, se debilita el propio sistema y eso otorga al agresor, automáticamente, carta de facilidades.