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Mantienen la imputación a 17 personas en el caso Arona

   

Juzgado de Arona

El Juzgado de Arona ha efectuado la instrucción del caso, ahora en la Audiencia Provincial. / DA

NICOLÁS DORTA | Arona

El caso Arona, que cursa la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tras haber practicado la instrucción el Juzgado 2 de Arona, mantiene la imputación a 17 personas, tras desestimar un recurso de apelación de éstas, cuyos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por presunta corrupción urbanística, relacionada con la concesión irregular de licencias, favores y otras cuestiones que implican a la administración local de Arona y más personas.

Sin embargo el caso, en esta parte, ha quedado “reducido” en el número de imputados tras el sobreseimiento libre y archivo de otras doce personas, entre las que se encuentran el consejero de Carreteras del Cabildo, José Luis Delgado, tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS. También quedan fuera del este proceso judicial la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Clara María Pérez, ya que no se halla delito de tráfico de influencias alguno al acusarla de haber creado y ofertado una plaza en la oficina de atención a las víctimas de delito de Arona para “colocar a una recomendada”, dice el documento, por el que fuera alcalde, José Alberto González Reverón.

Tampoco se aprecia el mismo delito, ni igualmente prevaricación, en el concejal de Seguridad, Manuel Reverón, porque no influyó para modificar puntualmente el plan insular de ordenación en Cabo Blanco para evitar la demolición de su casa. Sin embargo, el auto no estima el recurso de apelación del actual edil de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y también de Urbanismo entre 2007 y 2011, ya que “en contra de lo que él alega”, dice dicho auto, “sí que existen vestigios de la posible comisión por su parte, por lo menos de prevaricación, como fue la contratación de cuatro personas que solían trabajar en las dependencias municipales sin formar parte del personal laboral, según escuchas telefónicas y según Administración de Personal del Ayuntamiento, donde se corrobora que no estaban contratadas y cobraban mensualmente por estudios realizados, explica el auto. También se le acusa al edil de no paralizar las obras del hotel Sir Anthony a pesar de saber que carecía de la licencia municipal.

Igualmente se desestiman las objeciones de Hortensia García citada como subinspectora de la Policía Local de Arona a la que se le achaca tráfico de influencias y prevaricación por mediar a favor de un opositor a un puesto de Policía Local. El Juzgado mantiene igualmente la imputación al cabo de la Guardia Civil, José Rodríguez, por un supuesto tráfico de influencias.

El juzgado estima el recurso de apelación de doce personas que estaban imputadas

Con respeto al exalcalde se mantiene que existen posibles delitos contra la ordenación del territorio al conceder licencias de obras con informes desfavorables de los técnicos de Urbanismo. También, testigos “clave”, como Ansorena Carrera, dieron lugar , mediante grabaciones de conversaciones a otras “conductas delictivas” de funcionarios de la administración local que en principio “nada tenían que ver con los hechos investigados”,dice el auto.

El aparejador del Consistorio Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal o Jorge Menéndez y Zenón Rodríguez, también arquitectos, siguen imputados en la causa.

Cabe citar que todas estas diligencias se derivan de febrero de 2007, cuando se efectuó una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Decano de la instrucción en Arona para que se investigase un presunto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y cuyos denunciados eran el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno 2003- 2007. La denuncia fue formulada a raíz de la que puso en enero de 2007 en Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid el edil del PSOE en Arona, Francisco Santamaría, y que se remitió a la Audiencia Provincial.

Luego vinieron las diligencias previas en marzo de 2007 hasta este último auto, fechado el pasado 5 de junio.