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Pensiones – Por Francisco Pomares

   

El periódico El País ha adelantado en los últimos días los contenidos del informe sobre la reforma del sistema de pensiones elaborado, por encargo del Gobierno de Rajoy, a un comité de sabios. La propuesta, que coincidió en su publicación con el compromiso de Rajoy ante Bruselas, la pasada semana, de acelerar la reforma, supone una auténtica revolución en el sistema: no plantea nuevos retrasos en la entrada en vigor de la edad legal de jubilación, más allá de los 67 años ya aprobados por el Gobierno, ni tampoco anticipar antes de 2027 la aplicación final de los 67 años como edad de jubilación general, ni siquiera modificar o acelerar cambios en el periodo del cómputo de cotizaciones vigentes o ya previstos.

Lo que diseña el proyecto es una fórmula para actualizar las pensiones cada año completamente al margen del IPC, en la que lo más importante para determinar el cómputo de las pensiones sería el resultante del cómputo de ingresos y gastos del propio sistema de pensiones, determinados fundamentalmente por el aumento de la esperanza de vida de los jubilados y por el número de cotizantes en cada ejercicio. Lo que se propone es que el Estado deje de garantizar que los pensionistas actualicen sus pensiones en función de la inflación, y lo hagan a partir de la implantación de la nueva fórmula de cálculo en base a las posibilidades del sistema, midiendo estas a través de un complejo mecanismo que calcula gastos e ingresos tanto en el ejercicio vigente como en anteriores y en la previsiones de ejercicios posteriores. El nuevo sistema funcionaría como una suerte de plan de jubilación bancario, en el que lo que uno cobre al final dependerá de cómo le vayan las cosas al propio sistema. Se trata de un cambio de paradigma, en el que desaparecen las actuales garantías, aunque en el informe se considera que no necesariamente las actuales coberturas, que dependerán de la situación económica: en tiempos de crisis, se cobrará menos, y en tiempos de abundancia (si es que vuelven) se cobraría más.

Es pronto para hacer un balance sobre un proyecto que el Gobierno considera aún un non paper, una mera propuesta. Pero si se aprueba el formato, el Estado tratará a sus pensionistas como meros clientes de un plan de jubilación obligatorio, no garantizado y sometido a los vaivenes de la economía. Y sin dar a los ciudadanos la opción de elegir ni el plan ni el banco o la aseguradora. Quizá se trate de ir preparando al personal para una futura privatización del sistema. Huele raro. Y la verdad es que da bastante miedo.