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El problema no es Wert – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Desde hace semanas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha convertido, por méritos propios, en una especie de muñeco de pim, pam, pum, contra el que se dirigen los ataques de la izquierda -y también algunos de la derecha, todo hay que decirlo- a cuenta de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que se tramita en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, la anunciada política de becas universitarias. Lo malo de cualquier acometida desproporcionada o demagógica, como la de estos días, es que va más a las formas y envolturas que a los problemas de fondo de la educación pública en España: su baja calidad, su ineficiencia, su falta de visión competitiva y su degradación y fracaso rotundo.

Desde 1980 hasta hoy, en nuestro país se han aplicado 12 reformas del sistema educativo, todas a instancia del PSOE -siete sobre enseñanza obligatoria, cuatro sobre estudios universitarios y una sobre formación profesional-, en ningún caso con consenso parlamentario, al menos entre las dos grandes fuerzas políticas, ni respaldo social amplio. Su aplicación no ha resuelto tampoco las graves carencias del sistema; por el contrario, se ha deteriorado la calidad de la educación, ha crecido el fracaso escolar (hasta situar la tasa de abandono en el 24,9%), ha perdido fuelle la formación de los jóvenes y la autoridad del profesorado, ha aumentado el pasotismo de las familias a la hora de responsabilizarse de la educación de los hijos (que no es lo mismo que su instrucción y formación), etc. Si a esta realidad, recogida sistemáticamente en los trabajos del propio ministerio y en estudios especializados de la OCDE (sobre todo el conocido como Informe Pisa) y de otras instituciones, se le añaden las dramáticas cifras de paro juvenil -situado en el entorno del 56%- y la cifra del 23,7% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, es fácil concluir que el panorama resulta verdaderamente dramático y exige soluciones radicales que van más allá del estricto marco educativo. Este es el punto de partida de la mentada Lomce, que busca también una potenciación de la formación profesional, capaz por sí sola de crear grandes núcleos de empleo a tenor de la demanda existente en el mercado.

Un marco de actuación duradero
La propia tozudez y falta de tacto del ministro Wert ha contribuido también a desdibujar el deseable consenso en un tema de enorme trascendencia para el futuro. Así que seguimos instalados en un mundo de buenismo y conformidad cuando resulta imprescindible cambiar de actitud cara a la mejor formación de nuestros niños y jóvenes. Por las responsabilidades que a tal efecto incumben al Estado y a la sociedad. Por la obligación de inculcar a los escolares la cultura del esfuerzo, sacrificio, disciplina, responsabilidad, culto al trabajo, capacidad de superación y otros valores que deben impregnar la convivencia y la vida social. Por la conveniencia de dotar a la escuela y al profesorado de un marco duradero y conciso de respeto, consideración social, motivación y actuación desde la libertad y las cualidades que defiende la Constitución, empezando por el miramiento a la pluralidad de opiniones y la práctica de un sano patriotismo que no debe confundirse con actitudes ñoñas, desfasadas o regresivas. Por la necesidad imperiosa de formar personas íntegras y capaces, con las habilidades imprescindibles para afrontar con las máximas garantías de éxito su acceso a la vida profesional y laboral.

La reforma que propone el Gobierno ha recogido el rechazo unánime de la izquierda, los nacionalismos, los sindicatos y buena parte de las organizaciones educativas y, sin embargo, la unánime complacencia y felicitación de los órganos educativos de la OCDE. La reforma trata de potenciar una educación pública de calidad flexibilizando las trayectorias e itinerarios del sistema para la mejor adaptación de las posibilidades u opciones del alumno hacia la enseñanza académica o la formación profesional. Utiliza para ese fin unos mecanismos de financiación que se mantienen por ley y que deberán aplicar las comunidades autónomas, competentes a estos efectos. También pretende la Lomce reforzar las asignaturas comunes o troncales fijadas por el Estado, modernizar la formación profesional (básica, de grado medio y superior), potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y adaptar el currículo de los jóvenes a los nuevos tiempos de globalización y a las necesidades o demandas del mercado laboral, además de efectuar evaluaciones externas estandarizadas al finalizar cada etapa educativa para reducir el número de alumnos repetidores.

Para los centros, la futura ley procura mayor autonomía, especialización y transparencia, así como el mayor liderazgo del director, tras acreditar la superación de un curso formativo, el reforzamiento de su autoridad y la presunción de veracidad de las declaraciones de los profesores y el equipo directivo. El coste medio de la primera matrícula es de 11,48 euros por crédito cuando el gasto real le supone al Estado 115 euros por crédito. Según cifras oficiales, contando con 60 euros por curso, cada universitario paga 689 euros en tasas a cambio de una formación que cuesta 6.901 euros; es decir, solo el 10% del coste de la primera matrícula lo sufraga el alumno. En la práctica, el sistema beca prácticamente al alumnado con el 80% del coste de la enseñanza, y es solo en el ámbito del 20% restante en el que se plantea el problema de las becas y ayudas.

Datos, cifras y méritos
Según datos de la OCDE presentados esta semana en Madrid, España invierte un 15% más por alumno que la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea en todos los niveles de la enseñanza. A su vez, los profesores se encuentran entre los que más horas lectivas imparten y la ratio alumno/profesor es inferior a la del resto de los países comparados. También sus sueldos son superiores a la media. En enseñanza universitaria, las tasas de matrícula están en línea con los países de nuestro entorno, como Francia e Italia, con una proporción de la población adulta con estudios terciarios (Universidad y FP superior) en niveles similares a los de la OCDE. En lo que se refiere a becas, que por su propia naturaleza tienen carácter discriminador o restrictivo, el sistema depende de las disponibilidades presupuestarias y del nivel de renta del beneficiario. Lo ideal sería que se añada la capacidad intelectual del alumno y su evaluación académica, ya que no parece normal seguir ayudando a quien un año tras otro suspende asignaturas o se convierte en repetidor. La universidad es elitista por su propia naturaleza y a ella solo deberían acudir los mejores, los más capacitados. La igualdad de oportunidades no consiste tanto en otorgar a todos el mismo trato, como pregona Rubalcaba, sino en que no se pierda ningún talento por razones económicas. Y no se debe confundir igualdad con mediocridad, derechos con privilegios, ni gratuidad con justicia social. Porque a efectos educativos, la igualdad de oportunidades debe tener alguna correspondencia con el esfuerzo, la dedicación y la nota del alumno. Lo importante luego es que los riesgos de exclusión no perjudiquen a los que menos tienen, sino a mediocres o incapaces.

¿Resulta discriminador exigir un 5,5 de nota media para acceder a una beca? ¿No sería mejor elevar el baremo en aras de una mayor exigencia? ¿Tiene sentido invertir dinero público en quienes no son capaces de aprovechar las oportunidades que se les ofrecen por la vía del mérito y el rendimiento académico? ¿Es nefasto el planteamiento que realizan otros países donde la beca es sustituida por un préstamo que se restituye concluida la carrera y cuando la oportunidad de trabajar permite afrontar el pago en varias anualidades? ¿Es injusto el establecimiento de un sistema de penalizaciones y premios en función de los resultados académicos, no de la concesión o no de la beca misma? El problema no son Wert ni el Gobierno, sino el sistema. Y es el baremo de la meritocracia, no el dinero, el único que debe dictar la mejor sentencia.