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¡Qué error, qué inmenso error! – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

En los primeros años cincuenta se implantó en España el sistema de identificación personal mediante el documento nacional de identidad, el popular carnet o DNI. Como se nos ha repetido estos días con motivo del asunto del carnet de la infanta Cristina, el sistema está basado en un número personal e intransferible que nunca se repite, ni siquiera en el caso de los fallecidos, cuyo número no se vuelve a utilizar en ninguna circunstancia. Eran los tiempos del general Franco y, naturalmente, el ministro correspondiente se apresuró a ofrecerle el número 1. De hecho, se reservaron los primeros nueve números para su familia y, después, los números del 10 a 99 para la Familia Real. Así, el rey tiene el 10; la reina el 11; la infanta Elena el 12; el 13 está anulado por motivos supersticiosos; la infanta Cristina el 14; el príncipe de Asturias el 15; y sus dos hijas el 16 y el 17. Siempre con seis ceros a la izquierda y con la letra calculada con arreglo a esos números, como en los demás carnets.

Pues bien, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, solicitó a la Agencia Tributaria información sobre unas compraventas de 13 inmuebles y fincas rústicas efectuadas durante los años 2005 y 2006 en diferentes provincias por valor de un millón cuatrocientos mil euros. Y en la información suministrada por Hacienda figura en todos los casos como parte vendedora el DNI de la infanta, que no declaró esas ventas en sus declaraciones de los ejercicios correspondientes. A su vez, la infanta ha negado rotundamente cualquier vinculación con esas propiedades. También lo hicieron los compradores, quienes han asegurado habérselas comprado a personas -en algunos casos de su propia familia- que nada tenían que ver con la Casa del Rey.

Cuatro días después de que trascendiera el informe, el Ministerio de Hacienda hizo público un comunicado en el que se asegura que los datos del mismo sobre los supuestos negocios inmobiliarios de la infanta no fueron verificados por la Agencia Tributaria. Y se añade que “el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo”. En una comparecencia parlamentaria, el ministro de Hacienda ha pedido disculpas a la Casa del Rey por lo que definió como un error “lamentable” y “desgraciado”, que atribuyó a un fallo “en un procedimiento administrativo donde se gestionan millones y millones de datos”.

El Colegio de Registradores de España confirmó, a través de otro comunicado, que las fincas atribuidas a la infanta ni están ni han estado nunca registradas a su nombre, y que únicamente figura como titular de su residencia de Barcelona. Asimismo, el Consejo General del Notariado emitió una nota manifestando que en ninguna de las escrituras públicas de las compraventas investigadas figura la infanta como propietaria o titular de derecho alguno sobre las fincas vendidas. Mientras tanto, el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) del Notariado remitió al juez Castro copia de las escrituras públicas en donde constan documentadas estas propiedades.

Pero, entonces, ¿cómo es posible que el número de DNI de la infanta -tan característico, por otra parte- apareciera por error en 13 transmisiones patrimoniales de inmuebles distintos, en provincias y con notarios diferentes, sin relación alguna unos con otros? ¿Y que apareciera precisamente el número de la infanta y no cualquier otro parecido de algún miembro de su familia? Desde la Asociación de Técnicos de Hacienda, GESTHA, se mostraron anonadados: no es normal semejante cadena de casualidades. De por sí, es raro que “se impute a ciudadanos bienes que no son suyos” y, desde luego, “no es normal que un error de estas características se acumule en 13 personas”. En declaraciones a Libertad Digital, el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, afirmó que “tampoco es normal” que se envíen datos de esta naturaleza “sin comprobar”, y precisó que esta investigación “está siendo tutelada desde el principio por la dirección de la Agencia Tributaria”.

También sorprende que una información de este calado, más de un millón de euros de ingresos aflorados por la supuesta venta de unas fincas en 2005 y 2006 y no recogidos en la declaración de la renta de la infanta, haya dormido hasta ahora. Según GESTHA, es inaudito que Hacienda, al detectar esta información procedente del Registro, “no hubiera hecho un requerimiento” al titular “como a cualquier ciudadano”. Si en su día se hubiese investigado, concluyó, “esta situación no se habría producido jamás”.

Los socialistas, Izquierda Unida y UPyD han pedido responsabilidades políticas porque, al igual que los propios técnicos de Hacienda, no encuentran creíble las explicaciones de la Agencia Tributaria y del ministro. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha calificado la situación de “esperpéntica”. Y los populares no saben, no contestan y se remiten a Cristóbal Montoro. Pero el ministro, de momento, no tiene mucho más que decir. Ni siquiera para informar si los vendedores liquidaron en su momento sus obligaciones tributarias. ¿O tampoco?