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La reforma administrativa – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Una de las grandes reformas pendientes desde la restauración de la democracia es la de las Administraciones públicas, a través de las cuales el Estado ejerce las funciones que le son propias. Es justamente lo que acaba de poner en marcha el Gobierno central y que incluye no sólo la estructura y los procedimientos utilizados para la gestión de los recursos disponibles, sino también la clasificación y responsabilidades de los funcionarios -su mejor selección, formación y promoción- en un país descentralizado y hasta con cinco administraciones en algunos casos, como es el español. El objetivo final es reducir el tamaño administrativo para adaptarlo a las necesidades y posibilidades económicas, modernizando sus estructuras de modo que ganen en eficiencia, eficacia, calidad, agilidad, ética, transparencia, competitividad, utilidad y proximidad a la ciudadanía en la prestación de los servicios, sobre todo con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Frente a quienes creen que en el fondo el Gobierno del Partido Popular pretende recentralizar y recortar servicios, la lógica política y económica aconseja pensar en la necesidad de seguir una trayectoria de austeridad y utilización de los recursos bajo principios de transparencia y disciplina presupuestaria, lo que a su vez exige racionalizar el sector público, fusionar y/o suprimir organismos que son foco permanente de despilfarro, acabar con la duplicidad de funciones y poner coto a la prácticas del amiguismo clientelar por razones de fiabilidad política. La Administración, que constitucionalmente tiene un valor instrumental respecto del programa político del Gobierno de turno, ha sido politizada y desprofesionalizada en buena medida al primar la designación a dedo de asesores, consejeros, etc. ajenos a la carrera de la función pública, así como mediante la contratación de personal eventual, sustituto, interino y laboral. Estas prácticas, que han impedido la verdadera profesionalización de la función pública, son imputables a todos los partidos allí donde gobiernan, y hoy se reflejan, según estimaciones oficiales, en la existencia de unos 600.000 empleados enchufados simplemente por pertenecer a este o aquel sindicato, a este o aquel partido, o por ser parientes y amigos de algunos mandamases.

SUSCEPTIBILIDADES Y AMIGUISMOS

Con estas premisas, y con la rotunda oposición de los dos grandes sindicatos y de los ejecutivos de varias autonomías -al menos de aquellas en que no gobierna el Partido Popular, casos de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias-, el Ejecutivo de Rajoy va tener muy complicado trasladar a las distintas comunidades la disciplina que quiere aplicarse a sí mismo por vía reformista. El espíritu de concordia y la voluntad de diálogo pueden no resultar suficientes ya que algunas autonomías no están dispuestas a perder competencias o a someterse al dedo inquisidor de Madrid. Así que o se utilizan estímulos fiscales y procedimientos coercitivos explícitos -preferentemente por vía presupuestaria- o la reforma puede quedar en agua de borrajas, al menos en la parte que atañe a las comunidades autónomas. Y sería una pena porque resulta imprescindible para modernizar la Administración, satisfacer las demandas de los ciudadanos y ahorrar miles de millones de euros que hoy se pierden por los canales de la ineficiencia, los solapamientos con otras administraciones, el enchufismo y el tamaño desmedido del aparato público.

Por una cuestión de principios, desconfío de las grandes cifras ofrecidas por el Gobierno; por ejemplo, de ese ahorro para las arcas públicas de unos 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015, que se obtendrán tras la racionalización de las estructuras administrativas, las medidas sobre el empleo público -que inevitablemente se resentirá, no en la vía del funcionariado pero sí en la de los contratados- y la futura reforma local, aún pendiente y que completará el cuadro de la modernización administrativa. Un par de datos avalan el descontrol que ha rodeado lo público durante los últimos tiempos y que aconseja la reforma administrativa: la creación en los últimos siete años de más de 6.000 empresas por parte de comunidades, diputaciones, cabildos, consejos y ayuntamientos, con el fin de escapar al control del Estado, y la contratación de más de 300.000 empleados en el mismo periodo.

La Administración española necesita incorporar urgentemente nuevos criterios de organización y de gestión, abandonar viejos esquemas centralistas, mejorar la cualificación -que en sí misma es aceptable- del funcionariado, racionalizar su distribución entre organismos y territorios, acabar con rigideces y corporativismos interesados, fomentar la rapidez y la agilidad de los procedimientos. Y todo ello para reforzar los derechos y las garantías de los ciudadanos en su relación con las distintas administraciones y para lograr el mejor funcionamiento institucional posible de una verdadera y ejemplar función pública profesional. La reforma debería pasar también por una revisión del Estatuto Básico de la Función Pública y de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, así como de la estructura de la Administración periférica del Estado, no para que desaparezca, sino para agrupar servicios y delegar algunas funciones en las propias comunidades autónomas como prolongación del Estado en los distintos territorios, siempre bajo la premisa de leal colaboración.

PROPUESTAS Y SENTIDO COMÚN

El Gobierno popular va a tener que apretarse los machos y agarrarse al valor y el coraje político para sacar adelante una reforma administrativa con la que, al menos en principio -y ello es una buena noticia-, Rubalcaba ha expresado su identificación en los grandes principios. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en octubre pasado, ha realizado una muy detallada radiografía del sector público nacional, que queda recogida en 2.000 apretados folios de los que el Gobierno ha colgado, en la web de la Moncloa, un resumen de 250 páginas. En su informe final, el CORA plantea 217 propuestas de medidas de las que 139 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 exclusivamente a la Administración estatal. Además, contempla la venta de más de 15.000 edificios mal utilizados, la desaparición o fusión de 57 organismos públicos y la creación de un único portal de internet que centralice la información de todas las administraciones y permita realizar los trámites y servicios más relevantes.

El Gobierno propone un reforzamiento de los mecanismos de colaboración entre en Estado y las comunidades, a fin de evitar duplicidades administrativas, simplificar la burocracia, gestionar servicios con medios comunes coordinados y, además, potenciar las políticas públicas locales para dar respuesta a las demandas y los cambios sociales, económicos y culturales. En esta línea, el Gobierno considera que diputaciones, cabildos y consejos insulares son gobiernos idóneos para desarrollar un nuevo paradigma de gestión basado en la concertación y el diálogo, en la negociación de prioridades y en la concurrencia de actuaciones entre los diferentes municipios e instancias públicas, privadas y sociales del ámbito territorial”.

Hasta ahora, la estructura administrativa ha ido creciendo a conveniencia de los gobiernos, sin responder a un plan previo -en parte como respuesta a las necesidades derivadas de la implantación del Estado de las Autonomías, pero también a mayor gloria de algunos dirigentes políticos-, ni a una jerarquía, uniformidad o funcionalidad razonadas. Por eso es hora de consolidar el proceso de descentralización política y administrativa al amparo de las nuevas tecnologías y de la necesidad de fortalecer y agilizar las instituciones y su utilidad social. Para Canarias, que tiene pendiente una amplia y profunda reforma administrativa, las propuestas del Gobierno central son un buen punto de partida para afrontar aquí uno de los retos de mayor urgencia y calado.