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Rivero elude concretar el fondo de la estrategia contra la pobreza

   

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, en la sesión de control

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ayer en la sesión de control. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La pregunta es si el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, estaba al tanto de la noticia sobre la financiación de la estrategia contra la pobreza que ayer adelantó este periódico y que por la mañana confirmó en el Parlamento la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas. Lo cierto es que ni la nombró en su respuesta, por la tarde, a la portavoz del grupo popular, Australia Navarro.

“En coherencia con su principal objetivo, que es garantizar la cohesión social y territorial del Archipiélago”, manifestó Rivero, “el Gobierno implementará los 272 millones que en estos momentos está dedicando a la vertiente de protección social, vivienda e infancia en el ámbito contra la pobreza dentro de los márgenes que nos permita el presupuesto para dotar en mayor cantidad estos tres ejes y complementar presupuestariamente los otros dos ejes de la estrategia: dinamización económica, empleo y el desarrollo humano”.

Ante la insistencia de la oposición, el jefe del Ejecutivo desvió la atención sobre lo que tachó de agresión del Gobierno de la nación a los pilares del Estado de bienestar. Rivero echó en cara al PP que dé “lecciones” cuando “se dedica a desmantelar los servicios públicos y protege a los estafadores”. Navarro replicó que las promesas que no van acompañadas de financiación y calendario son “un fraude”. Y profirió: “Al hambre se le hace frente con determinación y dinero real. Muévase, haga algo, aunque será por una vez, y no maree la perdiz”.

En una comparecencia a instancia del PP, Rojas detalló -tal como había adelantado DIARIO DE AVISOS- que la estrategia contra la pobreza contará con una ficha financiera, “absolutamente” provisional, de algo más de 170 millones hasta enero de 2015. La consejera concretó que en 2013 se añadirán 36,2 millones de euros y alrededor de 70 millones en 2014 y 2015. Para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que se extenderá a otros colectivos, “se destinarán este año al menos diez millones”.

Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales

Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales. / FRAN PALLERO

Nadie sabe de dónde saldrá el dinero

El dinero de la estrategia canaria contra la pobreza está tan oculto que nadie lo encuentra. En la víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que asiste Javier González Ortiz, y con un pleno extraordinario en el horizonte, los grupos parlamentarios se desayunaron con unos datos que se diluyeron como azucarillo en una taza de café descafeinado. Ni los socios de gobierno dieron por definitivas las cifras que ofreció la consejera Inés Rojas y que luego obvió Paulino Rivero.

La diputada del PSOE Rosa Jerez lo podía haber dicho más alto pero no más claro: “El plan que entre en la Cámara sin una adecuada ficha financiera no llegará a buen fin y esos miles de canarios que lo pasan francamente mal no lo notarán [en sus carnes]”. Tras poner en la balanza el esfuerzo del Ejecutivo regional y las “contradicciones” del PP, Jerez apeló a la “cordura y la unidad” para “mitigar esta grave situación.

La diputada de Coalición Canaria Flora Marrero recalcó que “se debe hacerse todo lo que se puede y más”. Si bien celebró “que haya ficha financiera”, expuso que tendría que estar “abierta en función de las necesidades”.

En el debate, la oposición no se anduvo con paños calientes y practicó la cirugía dialéctica después de diagnosticar el “fracaso” del Gobierno autonómico. Sin anestesia, Milagros Bethencourt, del PP, acusó a Paulino Rivero de utilizar a la titular de Políticas Sociales como un “escudo humano para que reciba las tortas”. Con 700.000 canarios por debajo del umbral de la pobreza, arguyó la representante del partido mayoritario, “no estamos para juegos, sino para tomar decisiones inmediatas”.

Durante el turno del grupo mixto, Carmen Hernández (Nueva Canarias) se quejó de que la iniciativa “no ha sido negociada” y apostilló que es fruto de la “presión social”.

El destino de los aproximadamente 240 millones de euros de la relajación del déficit público aún está por ver.