X
a babor >

7 por 4 – Por Francisco Pomares

   

Ocurre que algunos no creemos necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía, entre otras cosas porque fue ya reformado para nada en 1996, porque nadie ha logrado convencernos de que este afán reformador no sea solo una réplica tardía y absurda del pulso de catalanes y vascos con el Estado, o -más evidente- porque ese debate no se va a producir de ninguna manera en el actual contexto político. Aún así, yo daría por buena cualquier reforma futura si incluyera una modificación del sistema de representación vigente en Canarias. Un sistema basado hoy en un absurdo sistema de topes y en la triple paridad, es decir, en la igualdad de representación entre Tenerife y Gran Canaria, entre la provincia de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife y entre las cinco islas periféricas y las dos capitalinas. La triple paridad ha prestado algunos buenos servicios a la política regional, especialmente al mejorar la representación de las islas periféricas, forzando una mayor atención hacia ellas. El gran legado de las primeras dos décadas de autonomía es precisamente el despegue de las islas menores. Pero también ha provocado serios problemas: la atomización de la representación, la insularización de la política regional que afecta incluso a los partidos de ámbito estatal y -quizá el más grave de todos- la imposibilidad de que exista una clase política regional, ya que cada político se debe a la concreta isla que le vota y elige. A mi juicio, la fórmula para superar la actual situación de impasse en las normas electorales, sin castigar a las islas periféricas, sería inventar una nueva paridad entre el peso de las islas y el peso de la región: que todas las islas tengan exactamente la misma representación (cuatro diputados por isla) y que la suma de todas ellas (28 diputados) sea la misma que la de una única lista regional de 28 en un Parlamento de 56 diputados, algo más pequeño que el actual. Es un sistema simple -28 representantes por las islas, todas iguales y otros 28 por la región-, elegante como lo fue en su día la triple paridad y además tiene una virtud única para poder ser implantado: no modifica sustancialmente el mapa resultante de unas elecciones en lo que a representación partidaria se refiere. Aunque sí obliga a crear liderazgos regionales fuertes, y eso, a la larga, precipitaría la renuncia definitiva al insularismo como modelo político… Una hipótesis que parece que en esta región no puede siquiera aventurarse sin riesgo a ser tildado de antiisleño o anticanario, como si el insularismo político fuera una cualidad obligada de la realidad de Canarias, y no una franquicia que se resiste a desaparecer.