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Abracadabrante – Por Leopoldo Fernández

   

Hay días en que uno no debería dejar títere con cabeza entre cierta clase política que toma por tontos a los ciudadanos a la hora de dejar caer sus mensajes. Es el caso de Pérez Rubalcaba, que viene a Canarias y afirma que el Gobierno del PP maltrata a las Islas (como si el del PSOE no hubiera hecho lo mismo, y ahí está el Plan Zapatero para acreditarlo), por lo que su partido va a abanderar la defensa del Archipiélago ante el Ejecutivo central. ¿Y qué decir de sus acusaciones a la dirigencia del PP por impedir que Rajoy vaya al Congreso para explicarse sobre el asunto Bárcenas? ¿Tan pronto ha olvidado Rubalcaba que lo mismo hizo Felipe González, con ayuda de CiU, para no comparecer en sede parlamentaria cuando estallaron los casos Filesa, Malesa y Time Sport? Otro ejemplo de indecencia política lo ofrece el exministro José Blanco, a quien el Tribunal Supremo ha retirado la imputación de tráfico de influencias por haber realizado gestiones ante un ayuntamiento catalán en favor de la empresa de un amigo. Al ex número dos socialista habrá que recordarle que el alto tribunal declara probados los hechos en que se basó la acusación judicial e incluso reconoce que Blanco actuó como intermediario entre dos partes: si bien sentencia que su proceder no es constitutivo de delito, el asunto se las trae porque esta tesis va a dejar algunas conductas punibles en el mundo de lo etéreo. ¿Es normal que un ministro se cite con un empresario bajo sospecha en una gasolinera apartada, a la que accede en un vehículo con los cristales tintados? ¿Por qué no lo recibe en su despacho oficial? En estas condiciones, ¿se puede decir sin el menor rubor que el aforado Blanco actuó bien y puede ser considerado “víctima de un infundio político”? ¿Y qué decir del senador Miguel Zerolo, que se manifiesta dispuesto para ser juzgado cuanto antes por el delito de prevaricación administrativa del llamado caso García Cabrera pero que por dos veces recurre contra la resolución del Supremo de suspender su aforamiento? ¿En qué quedamos si se tiene en cuenta que el fuero no es la imputación de un hecho de relevancia penal, sino la autorización antes del juicio de inculpación? ¿Es que no desea ser inculpado de ninguna manera? ¿No es otro dislate, aunque sea legal, la militancia política del presidente del Tribunal Constitucional? ¿No es también injusto acusar al comisario europeo Almunia poco menos que de traición a España, y declararlo persona no grata por parte del ayuntamiento de Vigo, porque ha aplicado la ley vigente, ha defendido los intereses de la Unión Europea y obliga a devolver unas ayudas ilegales percibidas por varios astilleros españoles?