Andalucía apoya un frente común con Canarias contra desahucios

De drcha. a izda., Ibáñez, González, Évora y Mayoral, durante las jornadas de la Fecam. / SERGIO MÉNDEZ

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Andalucía está dispuesto a formar “un frente común” con el Gobierno canario para defender la expropiación temporal de viviendas a los bancos que desahucien a familias con escasos recursos, así como la penalización a las inmobiliarias y entidades financieras que mantengan pisos vacíos, medidas que a su juicio son “escrupulosamente constitucionales”.

Así lo manifestó el jueves en Tenerife el director general de Vivienda del Gobierno andaluz, Antonio Ibáñez, minutos antes de que se conociera que el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar el decreto dictado en abril por la Junta de Andalucía que aplicaba estas medidas, tras el recurso presentado por el Gobierno estatal, una paralización, por cinco meses, que ya se esperaba, pues forma parte del procedimiento en estos casos.

Ibáñez ofreció una rueda de prensa en la sede de la Federación Canaria de Municipio (Fecam), que lo invitó a una jornada sobre el papel de los ayuntamientos ante los desahucios, acompañado del alcalde de La Matanza y portavoz de Vivienda de este organismo, Ignacio González, así como de la coordinadora de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Tenerife, Inma Évora, y el asesor jurídico de este colectivo a escala nacional, Rafael Mayoral.

El alto cargo andaluz dijo que el Gobierno canario, que ya tiene un anteproyecto de nueva ley de vivienda con medidas como las impugnadas por el Ejecutivo de Rajoy, fue el primero que se interesó por la iniciativa de Andalucía “en defensa de la función social de la vivienda” frente a las decisiones emanadas de las instituciones de la UE y del Gobierno estatal “que sólo defienden a los bancos y no a las personas”.

Por ello, dejó claro que la Junta “no va a dar ni un paso atrás” pese a este recurso del Gobierno estatal al tiempo que tachó de “argumento falaz y torticero” que el decreto andaluz ponga en riesgo el sistema financiero, pues hasta ahora sólo se han registrado en su comunidad 100 solicitudes y se han aceptado 12 expropiaciones temporales de viviendas a bancos.

Por su parte, el abogado de la PAH se refirió a la nueva ley estatal de protección de deudores hipotecarios como un “monstruo Frankenstein” porque incorpora medidas que había ido adoptando el Gobierno de Rajoy pero sin acabar con la violación de derechos como la tutela judicial efectiva y a la defensa, ni como pactos y convenciones internacionales como la referida a los derechos del niño, pues establece que los menores, “una vez hayan cumplido los tres años, están en edad de ser desahuciados”. Por su parte, Évora reclamó que se legisle a favor de los ciudadanos y no de la banca pues se trata de un derecho constitucional, y enfatizó que la PAH “seguirá acercando a las Administraciones Públicas la voz de la calle”.

Por último, el representante de la Fecam defendió que los ayuntamientos deben estar con los ciudadanos afectados por desahucios y de ahí, dijo, estas jornadas informativas, ayer en Tenerife y hoy en Gran Canaria.