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De Bárcenas a Maleni y Griñán, pasando por Valderas – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

La semana que hoy termina viene marcada por la corrupción. Una vez más. Ha sido la semana de Bárcenas, con su esperado ingreso en prisión, aunque siga gozando de la presunción de inocencia, faltaría más. Y la de Maleni, apelativo de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, que ha sido imputada por el caso de los falsos ERE andaluces, hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones con sede en Luxemburgo, colocada allí por Zapatero, donde gana un salario mensual de 22.963 euros más dietas por residencia equivalentes al 15% del sueldo y gastos de representación de 991 euros. Y la del socialista Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, quien, escaldado por la cercanía de las actuaciones de la jueza Alaya en el caso de los malditos ERE y por el ‘no’ rotundo del PCE andaluz a nuevas austeridades presupuestarias, ha decidido convocar primarias para elegir sucesor (sucesora) a mitad de legislatura y seguir en el machito, si es posible hasta el final del mandato; si no, hasta que los acontecimientos judiciales lo recomienden o en el momento en que convenga adelantar las elecciones autonómicas para soltar el lastre del Partido Comunista, al que el PSOE está alimentando a base de dejar hacer. Y ha sido, por último, la semana de Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta andaluza, al que le acaban de desvelar un escándalo de aprovechamiento de un pobre desahuciado que vivía al lado de su casa, en la misma planta, para comprar su piso a una caja de ahorros que lo adquirió en subasta judicial por tres millones menos de lo que le hubiera costado cuando quiso adquirírselo directamente al interesado.

El caso del ex tesorero del PP, para quien el juez Ruz solicita 43,2 millones de euros de fianza civil si quiere abandonar la cárcel de Soto del Real, sigue siendo un asunto muy preocupante para el partido del Gobierno. Rajoy ni siquiera menciona su nombre en público y tanto él como los demás conmilitones mantienen una inexplicable postura contemplativa y de asociación con Bárcenas. Por lo que sabe de la financiación del partido. Por el dinero entregado durante años -con o sin recibí firmado, con o sin declaración a Hacienda, que al parecer de todo hay en el caso- a no pocos dirigentes. Por el origen supuestamente ilegal de una parte del dinero que manejaba. Por el entramado de sociedades que creó para beneficiar al PP y a sus amigos. Por los cambalaches propios de estos asuntos oscuros urdidos en el seno de los grupos de poder.

Han sido necesarios cuatro años y otros tantos jueces para empezar a desentrañar la trama Gürtel y sus múltiples ramificaciones, un lío complejo urdido al amparo de una legislación excesivamente laxa e imprecisa sobre los partidos políticos, que permite todo tipo de componendas e ilegalidades. Bárcenas ha podido es la cabezas más al tanto de todos los artificios contables de la formación política fundada por Manuel Fraga y de los que él mismo se habría beneficiado -a tenor de las cuentas que hasta ahora le han sido descubiertas- en cerca de 50 millones de euros. El ex tesorero -que trabajó en el PP entre 1982 y 2010, con un paréntesis de seis años tras destituirlo Hernández Mancha- amenaza con irse de la lengua y hablar sobre el origen del dinero, su expatriación y lavado, si lo comparte con otros, sus socios ocultos en Suiza, sus amistades y negocios con los extesoreros del PP Naseiro y Sanchís, los pagos irregulares efectuados durante años en la sede popular, sus relaciones con Francisco Correa, el verdadero funcionamiento contable… Aunque los máximos dirigentes del PP niegan la mayor y subrayan una cierta tranquilidad -y hasta alivio, al decir de algunos- tras la entrada de Luis el cabrón en la cárcel, veremos en qué queda todo.

Sería deseable que Bárcenas tirase de la manta y contara lo que sabe, afecte a quien afecte. Por el momento, al también ex gerente y ex senador el juez Pablo Ruz le acusa de cuatro delitos fiscales, falsedad documental, cohecho y estafa procesal. Como para pasarse en la cárcel el resto de su vida. Oficialmente ha sido enchironado -prisión comunicada, dice la resolución- para “evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba”.

EL ESCÁNDALO DE LOS ERE

El caso de los falsos expedientes de regulación de empleo (ERE) que investiga la juez Mercedes Alaya afecta por ahora a 96 imputados que formarían parte de una red de corrupción detectada tras varias jubilaciones fraudulentas en Mercasevilla. La investigación judicial señala que entre 2001 y 2010 se defraudaron 136 millones de euros de fondos públicos, de los cuales 12,3 millones fueron para 126 prejubilados amiguetes del socialismo andaluz, 50 millones para comisiones y 73,8 millones para ayudas a empresas. La jueza argumenta que la Junta es responsable de las irregularidades descubiertas al haber permitido un sistema de control ilegal con el que se podía sortear la fiscalización interna, algo que niegan las autoridades andaluzas. Se han localizado prejubilaciones irregulares, subvenciones improcedentes, comisiones a sindicalistas, procuradores, abogados, testaferros, firmas consultoras y aseguradoras y sociedades de diversa índole… Y no se descarta que se hayan pagado sobornos a políticos de la Junta por parte de diferentes comisionistas. A juicio de la instructora del caso, la Junta ha invadido también competencias laborales que son exclusivas del Estado y que permitieron, entre otras cosas, 5.700 ayudas sospechosas para otros tantos prejubilados.

Entre los imputados del caso figuran medio centenar de altos cargos políticos de la Junta, viceconsejeros, interventores, directores generales, jefes de servicio, etc. Según consta en autos, la Intervención advirtió en varias ocasiones que el procedimiento por el que se daban las ayudas sorteaba los controles administrativos. El Gobierno andaluz por su parte argumenta que el interventor nunca alertó del menoscabo de fondos públicos. Cuando ocurrieron los hechos fueron consejeros de Economía el hoy presidente Griñán y la ex ministra Magdalena Álvarez, y consejeros de Trabajo, José Antonio Viera, diputado del PSOE en el Congreso, y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza. A la señora Álvarez la jueza le imputa que consintiera “el dispendio continuado de fondos públicos”, de donde algunos deducen que el presidente Griñán se encontraría en la misma situación. Pero con una diferencia notable: por ser aforado, la jueza no puede investigarlo, de modo que el caso terminaría ahí, para continuar luego en el Tribunal Superior de Justicia.

A todas esas estalla el caso Valderas, un comunista a la antigua convertido en azote permanente de la derecha y en amigo incondicional de indignados, cabreados, desahuciados, ocupantes ilegales de tierras andaluzas y de quienes protestan contra todo lo que huele a capitalismo y santifican los regímenes políticos de Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros populismos habidos y por haber. La compra de una vivienda en su pueblo de Bollullos del Condado no es en sí misma delictiva, pero casualmente el procedimiento utilizado es el que criticaban el propio Valderas y su partido, el PCE, que consideraban aprovechados a los subasteros, los bancos y quienes se benefician directa o indirectamente con la compra de viviendas embargadas o de propiedades de ciudadanos morosos.

Así las cosas, tanto el PP para el caso Bárcenas como el PSOE para el de los ERES, e IU y el PCE para Valderas, han tratado de descalificar las críticas periodísticas y las actuaciones de los jueces que se ocupan de los respectivos procesos, a quienes han acusado de instruir una especie de causa general contra los dos grandes partidos, sobre todo en Andalucía, por la coincidencia de determinadas resoluciones judiciales con actos previstos por los socialistas. Pero, nadie quiere que se depuren responsabilidades políticas, sea cual fuere el alcance de vicios y abusos. ¿Alguien puede extrañarse de que, en estas circunstancias, PP y PSOE sigan a la baja y que la corrupción política se haya convertido en el segundo problema del país, detrás del paro y por delante de la crisis económica?