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Casi 18.000 trabajadores canarios, afectados por los ERE desde 2011

   

Gloria Gutiérrez, directora general de Trabajo

Gloria Gutiérrez, directora general de Trabajo. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Más de 17.700 trabajadores canarios se han visto afectados desde 2011 por los 1.154 expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por el Gobierno autonómico. Durante 2012, en cuyo segundo trimestre entró en vigor la reforma laboral y ya no fue necesario el visto bueno de la Dirección General de Trabajo para llevar a cabo los ERE, estos casi se duplicaron con respecto al ejercicio anterior, al totalizar 624, frente a 338 en 2011.

En el primer cuatrimestre del presente año año, este organismo público había gestionado 193 expedientes de este tipo, que supusieron el despido de 634 trabajadores y la suspensión temporal de contratos o reducción de jornada a otros 2.449.

Ante los cambios en la legislación laboral introducidos por el Gobierno de Rajoy, la directora general de Trabajo, la socialista Gloria Gutiérrez, aseguró ayer que su departamento ya no puede paralizar ningún ERE, sino, como mucho, elaborar informes que luego se adjuntan al expediente caso de que los afectados lo denuncien ante la jurisdicción laboral. Los juzgados, hasta ahora, resuelven a favor de los trabajadores en tres de cada cuatro conflictos colectivos. En todo caso, Gutiérrez anunció su determinación de que la Dirección General se ofrezca como mediadora entre empresas y empleados, pues han “detectado cierta falta de información de unos y otros a la hora de buscar alternativas para mantener el empleo sin necesidad de despidos”. Sin embargo, en solo tres ocasiones los empresarios han aceptado esta mediación hasta ahora. Pese a todo, Gutiérrez no arroja la toalla, y para ello su departamento se ha dotado de una funcionaria experta en contabilidad de empresas, pues a su llegada al cargo, hace dos años, se tramitaban los ERE sin que este organismo contara con personal especializado en esta materia.

A su juicio, ante “una crisis que no solo es económica sino también ideológica”, el Gobierno regional, “debe ponerse a disposición de los ciudadanos, no puede estar como si no pasara nada ni mirar para otro lado, y debe dar alternativas para que el despido sea el último recurso”.

Con tal fin, avanzó Gutiérrez, se pondrá en marcha un plan de formación de expertos en negociación colectiva y salud laboral, que se impartirá este año en las dos universidades públicas canarias. Además, tras el verano se creará, por decreto, la comisión que tramitará los descuelgues de los convenios colectivos, que sólo deben aceptarse por causas objetivas, apostilló la alto cargo.