X
tribuna >

Casualidades – Por Isaías Lafuente

   

En poco menos de una semana hemos conocido la sorprendente decisión de José Antonio Griñán de renunciar a ser candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas -un anuncio en diferido, siguiendo la moda impuesta por María Dolores de Cospedal-, y la macroimputación de la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en aquella comunidad, y que afecta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía. Seguramente nunca llegaremos a documentar si el paso dado por Griñán ha sido una decisión preventiva, anticipándose a un escenario procesal que pudiera tocarle y que le llevaría a precipitar un proceso que prefiere hacer con sosiego y de manera controlada. Pero a estas alturas cada vez nos resulta más difícil pensar en casualidades.

El optimista podrá pensar que la jueza está dispuesta a llegar al fondo de este asunto, persiguiendo a todo aquel que tenga que ver con el presunto fraude desde su origen, aunque no se hubiera lucrado con él. Pero las imputaciones selectivas que va realizando, que llegan siempre al límite de las personas aforadas sin sobrepasarlo, podrían alimentar la legítima sospecha de que pretende llegar hasta donde le sea posible pero sin perder el control de la causa. Resulta incomprensible que impute ahora a Magdalena Álvarez en su condición de exconsejera de Hacienda por su responsabilidad in vigilando y no toque al actual presidente de la Junta que sucedió a Álvarez en el cargo y siguió aplicando idéntico procedimiento. Y también es sorprendente que a los nuevos imputados no se les acuse de un delito concreto sino de una participación nebulosa que va desde la creación del procedimiento, que fue votado en el Parlamento, hasta su administración.

Parece evidente que la responsabilidad in vigilando se sustancia en el ámbito político. Y que lo que debe perseguir el juez es el delito concreto, del que en el último auto de la jueza Alaya no encontramos indicios.

El escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía es de tal magnitud que requeriría que no se dilate en el tiempo por encima de lo estrictamente necesario.

Si la jueza cree que el fraude afecta a personas aforadas, debería ya derivar la causa al tribunal correspondiente. Si no, después de tres años de instrucción el salto cualitativo que la ciudadanía espera es el de ver sentados a los presuntos culpables en el banquillo.