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El Consejo de Estado cuestiona el papel de los cabildos en la reforma

   

Miguel Borra, presidente de CSI.F., junto al dirigente tinerfeño César Martínez (a la izquierda). | FRAN PALLERO

Miguel Borra, presidente de CSI.F., junto al dirigente tinerfeño César Martínez (a la izquierda). | FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de la nación tendrá que revisar a fondo su proyecto de reforma de la Administración local, después del tirón de orejas que ha dado el Consejo de Estado. En el informe enviado recientemente, el órgano consultivo echa por tierra aspectos clave de la iniciativa. Uno de ellos se refiere a la asunción por parte de las diputaciones o cabildos de los servicios que un ayuntamiento no pueda acometer al coste estándar fijado.

“El Consejo de Estado cuestiona el vaciamiento de competencial”, explicó ayer al DIARIO el presidente del sindicato CSI.F, Miguel Borra, de visita en Tenerife. El dirigente de la central mayoritaria en el ámbito de la Administración confirmó, tras analizar las críticas de los expertos, que “la autonomía local garantizada por el artículo 140 de la Constitución se ha puesto en entredicho” y que podría reducirse a la mínima expresión.

“Se plantean serias dudas al tratarse [el Cabildo o la Diputación] de una entidad de representación indirecta”, recalcó Borra. “Así se lo hemos transmitido al grupo popular”.

En lo que respecta al coste estándar -un sistema que mide la eficiencia y el precio de los servicios municipales-, CSI.F coincide con el Consejo de Estado en que es insuficiente. “Nos parece interesante”, comentó Miguel Borra, “la recomendación de que se regule de una manera precisa la definición de los costes para que su aplicación sea práctica”.

El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que “el Cabildo acordará con los municipios concernidos el traspaso de los medios materiales y personales a coste estándar, lo que incluirá un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, en su caso, de personal y de recursos, resultantes de la nueva situación, con las medidas laborales que habría que adoptar”.

A propósito de las conclusiones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), CSI.F sugiere la supresión de las oficinas del Diputado del Común ubicadas fuera de La Palma y un reordenamiento de algunas instituciones.