Denuncian la “vulnerabilidad” de menores de padres extranjeros

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Más de una veintena de colectivos sociales presentaron ayer en la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife un escrito en el que denuncian la situación de “vulnerabilidad” a la que se ven abocados un gran número de menores de nacionalidad española, hijos de madres o padres extranjeros, debido a la “arbitrariedad” de la Oficina de Extranjería en relación a la renovación de los permisos de residencia y trabajo de los progenitores.

En dicho escrito, dirigido al fiscal coordinador de menores, afirman que según el artículo 124.3.a del Real Decreto 557/2011, “se podrá conceder una autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor tenga a cargo al menor y conviva con este o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales”. La inclusión de esta circunstancia -es decir, la de ser madre o padre de un menor de nacionalidad española-, como motivo para la concesión de una autorización de residencia, fue incluida en la última reforma del Reglamento de Extranjería a raíz de diversas sentencias judiciales, tanto de tribunales españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en las que se establecía que debía concederse la residencia (preferentemente tarjeta de larga duración) a aquellos extranjeros que tuvieran a su cargo a hijos menores españoles o comunitarios. Sin embargo, representantes de esta plataforma aseguran que “continúa denegándose de forma sistemática” la renovación o prórroga del permiso de residencia concedido en su momento a dichas madres y padres, dejándoles en situación administrativa irregular, aún cuando existe amparo legal, con los perjuicios que esto supone para sus hijos e hijas de nacionalidad española.

Como ya publicó el DIARIO hace unos meses, la situación administrativa irregular en la que se está colocando a estos extranjeros contraviene los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que en numerosas sentencias se opone a que un estado miembro le deniegue a un nacional de un estado tercero que asume la manutención de sus hijos menores, ciudadanos de la UE, la autorización de residencia y trabajo. Estos colectivos solicitan una reunión urgente con el fiscal de menores, para que este pueda interceder ante la Subdelegación del Gobierno y promueva las acciones orientadas a garantizar la efectividad del superior interés de los menores.