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El Gobierno admite que no puede pagar ahora el contrato programa

   

Central de la ULL

La ULL podría percibir un importante dinero extra tras la sentencia sobre el contrato programa. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Ahora mismo no hay posibilidad de pagar eso dinero, aunque estudiaremos todas las alternativas”. Así de tajante se manifestó ayer el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Carlos Guitián, tras conocer la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el contrato programa, que como se preveía dio la razón a la Universidad de La Laguna (ULL). Dicha sentencia obliga a la Consejería de Educación a abonar 26,1 millones por la reducción de los créditos consignados en las leyes de presupuestos de 2010, 2011 y 2012 por un importe que, según la institución académica, alcanza en total los 42,3 millones.

El tribunal, no obstante, condena a la Consejería al pago de 26,1 millones -13,4 en concepto de financiación para inversiones y 12,7 por financiación básica-, mientras que la cantidad restante -16,1 millones- será reclamada por la ULL en sus alegaciones al fallo, que el Ejecutivo autonómico recurrirá al Tribunal Supremo (TS). En este sentido, Carlos Guitián explicó al DIARIO que “cuando la universidad denunció la supresión del contrato programa dijimos que en la actual coyuntura económica el aumento del 4,5% anual en la financiación era imposible de asumir”. “Los servicios jurídicos están estudiando la sentencia, pero hemos hablado con la ULL porque también son conscientes de la situación y de los recortes en el actual modelo de financiación del Gobierno central”, agregó Guitián. Por este motivo, el Ejecutivo tratará de negociar con los responsables de la institución académica un acuerdo satisfactorio para ambas partes, favoreciendo, por ejemplo, que la ULL pueda finalizar la mayor parte de las obras que tiene en marcha y algunas de las que están proyectadas para el futuro.

Eso es, al menos, lo que dejó entrever ayer el propio rector lagunero, Eduardo Doménech, quien reconoció sentirse “muy satisfecho” con la sentencia del TSJC. “La situación era complicada porque teníamos Bellas Artes inacabada, y esto nos da la seguridad de que vamos a poder terminar esta y otras obras”, arguyó Doménech, quien manifestó que “para el Gobierno de Canarias un fallo así, de 26 millones y otros 16 en discusión, supone un desajuste, por lo que hemos de llegar a un punto de acuerdo para ver cómo afrontar esto”. En ese posible acuerdo con la Consejería de Educación, además de la nueva facultad de Bellas Artes, el rector incluyó la segunda fase de la Escuela de Informática, para que esta pueda albergar Ingeniería Industrial, y la nueva Facultad de Educación.

“Hay varias cosas que se pueden poner en la mesa de negociación”, arguyó Eduardo Doménech, quien insistió en que, “aunque recurran la sentencia, entendemos que se basa en otra del Tribunal Supremo, que es firme”. “Pero Estamos dispuestos a negociar para solucionar los problemas”, espetó el rector.
El principal argumento del recurso de la ULL fue que el referido contrato programa es un convenio de colaboración entre administraciones y, por lo tanto, de obligado cumplimiento “desde el momento de su firma”, como recoge la propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Tildan de “ilegal” la denominación del título de Ingeniería de la Edificación
A pesar de la sentencia a favor sobre el contrato programa, no todo son buenas noticias para la Universidad de La Laguna (ULL). Ayer, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife advirtió de que es “ilegal” la denominación del título de Ingeniería de la Edificación que la ULL imparte a pesar de estar suspendido por orden judicial.

En una nota, el colegio aseguró que la denominación de la titulación ‘Grado en Ingeniería de Edificación’ fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2011, por lo que “la universidad oferta e imparte unos estudios con denominación ilegal”. Esto implica, siempre según el colegio profesional, que los títulos universitarios expedidos con posterioridad a junio de 2011 serían inválidos, lo que podría afectar a tres promociones de titulados de la institución académica.

El colectivo manifestó de que la universidad ha incumplido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de junio de 2011, que acordó la suspensión cautelar de la denominación de éstos estudios, por lo que ha cometido un “desacato judicial” al haber continuado ofertando este grado a los alumnos de las tres últimas promociones.

El Supremo ampara en este caso a los ingenieros industriales y en 14 universidades ya se ha anulado la oficialidad del título, en 11 se ha suspendido cautelarmente su denominación, y en 15 ha sido sustituida. Algunos de los nombres alternativos que han adquirido las titulaciones en las universidades que han sustituido esta denominación son Grado en Arquitectura Técnica, Ciencias y Tecnologías de la Edificación o Grado en Edificación.

Al respecto, el rector lagunero, Eduardo Doménech, manifestó que la entidad hizo una consulta al Ministerio de Educación, que se puso en contacto con la Abogacía del Estado, que a su vez emitió un dictamen jurídico “que nos daba la razón”. “No podemos emitir los títulos en base a nuestra regulación, pero es el Ministerio quien expide el título”, concluye Doménech.