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ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA >

Los grupos reclaman más dinero y la “implicación” de los cabildos

   

INÉS ROJAS PLENO PARLAMENTO

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas, en su escaño. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La financiación es la piedra filosofal de la estrategia canaria contra la pobreza. Así quedó ayer en evidencia, durante el pleno extraordinario en el Parlamento.

Después de escuchar la comunicación del Gobierno en boca de la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, los cuatro grupos (incluidos los dos que apoyan al Ejecutivo de Paulino Rivero) coincidieron en que la dotación “provisional” -190,9 millones de euros adicionales de 2013 a 2015- son a todas luces “insuficientes”.

Pero, mientras los nacionalistas de CC-PNC-CCN valoraron la “decidida voluntad” de enderezar el rumbo, el PP y Nueva Canarias (grupo mixto) pusieron en solfa su credibilidad.

En su exposición, Rojas aseveró que la estrategia es “realista” y “comprometida”. La consejera recalcó que “se reforzarán” las acciones que se vienen desplegando desde el estallido de una crisis que, arguyó, “en dos años ha provocado que se tripliquen las tasas de paro y las tasas de pobreza y exclusión social”.

Los diputados aprueban 11 de las 39 propuestas de resolución registradas

Por la tarde, la Cámara aprobó 11 de las 39 propuestas de resolución registradas tras el debate: las seis de CC-PSOE, dos de las veinticuatro del PP y tres de las nueve presentadas por el grupo mixto. Las de la oposición se refieren a la implicación de los cabildos en el plan de empleo social y a la mejora de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), aspectos que los socios de gobierno habían incorporado a sus doce páginas. En el bloque de la dinamización económica, CC y PSOE emplazan al Ejecutivo a “apuntalar” el Plan de Empleo Social mediante el “fortalecimiento de su dotación con una mayor aportación de las administraciones implicadas y, particularmente, promoviendo la participación de los cabildos desde un planteamiento integrado y coordinado que permita la atención prioritaria a sus destinatarios”.

Sobre la PCI, la Cámara emplaza al Gobierno a llevar antes de finalizar octubre un proyecto de ley de reforma de la ley 1/2007, por la que se regula la prestación de inserción. Eso sí, con una “distinción entre los supuestos de exclusión de los de riesgo derivados de situaciones sobrevenidas de pérdida total de ingresos en una unidad familiar a causa del desempleo”.

Con el antecedente del Plan de Emergencia Social 2008/2009, el Parlamento insta a impulsar un acuerdo semejante que refuerce la colaboración con las organizaciones sin ánimo de lucro (ONG). Se plantea, asimismo, la emisión de unos bonos de transporte social en coordinación con los ayuntamientos.

En ausencia de Paulino Rivero, que se trasladó a Santiago de Compostela para asistir al funeral por las víctimas del accidente del tren, la mesa leyó una declaración institucional de solidaridad con Galicia y se guardó un minuto de silencio.

Previamente, Victoria Ponce (PP) tomó posesión de su escaño en sustitución de Víctor Moreno.

Cambio de destino del fondo municipal

Por la vía rápida y sin ninguna enmienda (el PP había presentado dos), el Parlamento regional aprobó ayer, con la abstención de la oposición mayoritaria, el proyecto de ley de Medidas Aplicables al Destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante el ejercicio de 2013.

El texto defendido desde la tribuna de oradores por el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, contiene un único artículo y dos disposiciones finales. Mediante esta iniciativa, los ayuntamientos canarios que, de acuerdo con las correspondientes auditorías acreditadas a 31 de diciembre de 2012, cumplan los indicadores de saneamiento económico-financiero establecidos en la ley 3/1999, a excepción del ahorro neto, podrán destinar la parte del fondo de este año a la cancelación de la deuda con proveedores a 31 de diciembre de 2012 y a inversión o ayudas de emergencia social hasta el porcentaje previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013.

Se trata de compensar a las corporaciones menos endeudadas y con mayores índices de saneamiento. Es “una medida coyuntural con la que se pretende conseguir efectos directos en el ámbito socioeconómico, al propiciar que las empresas proveedoras o prestadoras de servicios a los ayuntamientos ganen en liquidez y competitividad”. También se busca “estimular la inversión pública y propiciar un beneficio para la población más desfavorecida” de los respectivos municipios isleños.

El Fondo Canario de Financiación Municipal se creó en 1999 con el propósito de establecer un mecanismo de financiación a las entidades que posibilitara su saneamiento económico-financiero y les permitiera disponer de recursos adicionales para cumplir sus competencias y prestar servicios.

Tal como se recoge en la referencia del Legislativo, “su regulación ha sido objeto de diversas modificaciones para solventar las dificultades surgidas en su aplicación práctica o a adaptar sus previsiones a las nuevas necesidades” que han ido apareciendo.