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Una Justicia poco justa – Por Francisco Pomares

   

El que fuera alcalde de Telde durante veinte años, el nacionalista de izquierdas Aureliano Francisco Santiago Castellano, uno de los hombres de Nueva Canarias, anunció el pasado viernes su dimisión como concejal, sólo unos minutos después de conocerse la sentencia -recurrible- por la que se le ha condenado a siete años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público. La sentencia considera que Paco Santiago prevaricó al autorizar la construcción de un edificio para el centro Yrichen, dedicado al tratamiento de toxicómanos, en un terreno municipal destinado por el ordenamiento a parque público. En una comparecencia ante los medios, acompañado por el sacerdote Jorge Hernández -mentor de la ONG Yrichen-, Paco Santiago explicó que dimite, a pesar de que la sentencia no es firme y estando totalmente en desacuerdo con ella, para defender la dignidad de la política y como gesto y ejemplo. Un ejemplo muy conveniente, desde luego, más en un ayuntamiento en el que -desde que Paco Santiago fue desplazado de la alcaldía- se han sucedido uno tras otro los escándalos, hasta convertirse Telde en uno de los municipios canarios con una administración más engolfada. Lo curioso es que Paco Santiago no ha robado un duro, ni se ha enriquecido, ni ha tenido un comportamiento indigno. Si cometió algún error en la tramitación del expediente que autorizaba la construcción del centro para toxicómanos no fue para hacerse rico o hacer más rico a otros, sino para hacer posible un centro necesario, cuya extraordinaria gestión con los drogodependientes del municipio ha sido unánimemente aplaudida y reconocida. Estamos, pues, ante una paradoja: concejales sentenciados por apropiarse de recursos públicos o por traficar con información para lograr beneficios y plusvalías para terceros, enriquecidos en affaires como el caso Faycán o el caso del Grupo Europa siguen tan panchos en el ayuntamiento, algunos en el equipo de gobierno municipal, mientras que un tipo honrado es sentenciado a siete años de inhabilitación por haber cometido un error administrativo en la tramitación de un expediente, con el que no sólo no se ha enriquecido ni ha favorecido a nadie, más allá de los cinco mil toxicómanos que han tenido una segunda oportunidad… Hace veinte años, otro alcalde honrado, Pedro Guerra, un tipo que murió pobre de solemnidad, me dijo una frase a lo Forrest Gump que aún recuerdo: “Ladrón es el que roba”. Pues sí. Es una pena que la Justicia sea ciega y sorda y tan torpe que prefiera condenar a los honrados que se equivocan antes que a los sinvergüenzas que aciertan.