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Un país cochambroso – Por Francisco Pomares

   

Entre el caso Gürtel y su hijuela el caso Bárcenas, van a dejarnos el país hecho unos zorros. Tirando de las relaciones de donaciones a partidos políticos se ha sabido que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ocultó su militancia en el PP cuando compareció ante el Senado para ser elegido miembro del máximo tribunal español en diciembre de 2010, y logró mantenerla en secreto durante dos años y medio. Pérez de los Cobos ha estado ejerciendo en el Constitucional con el carné del PP en el bolsillo, sin contárselo a nadie, pero lo más chocante del asunto es que ahora nos dicen que eso no es incompatible con su función. Si lo es, claramente, para ser juez en cualquier tribunal español, para juzgar si un chorizo es o no culpable de haber sustraído un bolso dando un tirón, pero no lo es -según la interpretación realizada por el propio Constitucional- para decidir sobre asuntos como el proceso soberanista en Cataluña, la reforma del sistema laboral español o las modificaciones a la ley del aborto, cuestiones que parece que no requieren imparcialidad política alguna. Personalmente me da igual que los jueces o los militares puedan estar afiliados a partidos. Creo que la prohibición es una rémora que en poco preserva la democracia. En Estados Unidos, jueces y fiscales se presentan a las elecciones por los partidos, y eso no impide que su trabajo sea realizado con eficacia y dignidad. Aquí el problema es otro: el problema es que se prohíbe estar libremente afiliados a partidos a la totalidad de los jueces, pero no a los que nombran los propios partidos para los cargos más importantes. Los partidos han montado una suerte de ley del embudo en la que aplican a sus afiliados y dirigentes el lado ancho y al conjunto de la ciudadanúa el estrecho. En el escaso tiempo que lleva en el poder, el PP se ha dedicado a colocar al frente de todas las instituciones teóricamente no partidarias -el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional o la Comisión Nacional del Mercado de Valores- a afiliados con carnet, que unas veces renuncian a él, y otras ni se toman la molestia de hacerlo. Es una práctica que habla de la obsesiva voluntad de control de los partidos. Una forma de decirle a quien no está afiliado que no es fiable. Pues yo creo que el presidente del Constitucional debe dimitir no sólo porque las limitaciones que son aplicables a todo juez deberían ser aún más aplicables a los del Constitucional, sino porque es un tipo del que puede que el PP se fíe, pero yo no me fío un pelo: lo han pillado intentando ocultar su militancia. Ha engañado a los ciudadanos de este país más estupefacto y cochambroso. Y el que engaña no es de fiar.