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Pedro Vela – Por Luis Ortega

   

Pocos casos habrá en los delitos de esta naturaleza que merezcan con más claridad la imposición de la pena máxima, afirmó el juez jienense Pedro José Vela Torres (1962), que ratificó las peticiones de la fiscalía y la acusación privada para los hechos “inhumanos, despiadados y aberrantes” del parricida José Bretón, en una sentencia impecable de 22 folios. Desde siempre persuadido de la inutilidad de los juicios populares y la ley del Talión, también siento recelo ante la venal y/o provocada interrupción de procedimientos, el coste mínimo que pagan ciertos delincuentes económicos, según su rol social, los botines perdidos de los pícaros y las condenas que, en aras de las garantías de coautores y cooperadores, dejan en evidencia a la justicia. Por eso, ante un caso que repugna a cualquier conciencia, el escrito certero en el lenguaje y la calificación de los actos me devolvió, al menos por unas horas, la confianza en un poder que, como todos los del estado -y esa es una desgracia para administradores y administrados- está tocado por el velo de la sospecha. Leí la sentencia, remitida por un amigo que, contra las abundantes dudas, tiene plena confianza en la Administración judicial, ante un café y un vaso de agua, mientras mi contertulio metía, en vano, baza con la actualidad deportiva. Entiendo la tardanza en publicitar la decisión judicial -recurrida por la defensa de un asesino alevoso de sus dos hijos de seis y dos años- por la nutrida jurisprudencia que usa -de los tribunales Constitucional y Supremo- alguna datada en el siglo XIX. Valoro la buena prosa, tanto en un libro para el ocio y el gozo como en un documento administrativo y, en este asunto, me admira la diafanidad y la solvencia para acreditar los hechos y la certeza moral de lo ocurrido en un triste día de otoño de 2011. Con admirable decisión, disuelve como un azucarillo el último recurso de la defensa -ante la contundencia de las declaraciones de los testigos- de la cadena de custodia de los restos óseos que todos los forenses reconocieron como humanos. En el sueldo del defensor está agotar los recursos y luchar por el daño menor para su defendido; y en el estómago de los sencillos viandantes, el íntimo deseo de que, agotadas las instancias legales, un sujeto de esa calaña y riesgo esté alejado de la sociedad por el peligro y la repulsión que entraña su delito que merece tan duro castigo y reprobación. Para evitar la alarma social que despiertan en España sentencias y acciones de política penitenciaria, sería deseable que las instancias competentes resolvieran con diligencia los recursos, para que el beneficio de la presunción no acompañara a un individuo de esa calaña.