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La política económica del Tribunal Supremo – Antonio J. Olivera Herrera

   

La celebración el miércoles 24 de julio de 2013 de una jornada de trabajo convocada por el Colegio Notarial de Canarias en el Parlamento de Canarias ha vuelto a recordarme un asunto sobre el que he pensando recurrentemente desde que el 19 de marzo de este año el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo votara y fallara a favor de una demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. La repercusión que ha tenido el conocimiento de esta sentencia en los medios ha sido bastante elevada, pues afectaba a un importante número de ciudadanos.

El fallo principal de la sentencia es la anulación de las cláusulas suelo, tan frecuentes en las hipotecas, cuando estas han sido comunicadas al cliente con falta de transparencia. El Tribunal ha aprovechado el pleito contra BBVA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito y Cajas de Ahorro de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra para sentar jurisprudencia, con lo que este fallo se puede ya aplicar a las entidades que mantengan cláusulas suelo poco transparentes en sus préstamos hipotecarios. La existencia de cláusula suelo tiene un claro efecto perjudicial sobre los hipotecados en condiciones de mercado en las que el tipo de interés de referencia (el euríbor) se mueve a la baja. Es decir, lo habitual en la práctica bancaria era establecer dichos suelos en un tipo de interés fijo de entre el 3 y el 4%. De esta forma, el tipo de interés variable, que se establece principalmente en función del euríbor a un año y un diferencial que solía oscilar entre el 0,5 y 1%, en un momento en el que el euríbor está en mínimos históricos (en junio de 2013 se ha situado en el 0,507), debe ser bastante inferior a dicho suelo en la coyuntura actual, aliviando el coste de los préstamos hipotecarios notablemente. Para valorar el impacto que podría tener en el sistema económico la anulación efectiva de las cláusulas suelo, no solo de las entidades indicadas, sino del conjunto del sistema financiero, y suponiendo que la mayoría de las cláusulas suelo incumplen las condiciones de transparencia que se les exigiría, procedo a realizar una serie de cálculos estimativos. Para ello debemos tener presente que en España existen alrededor de 1,7 millones de hipotecas con cláusula suelo; es decir, casi un tercio del total. En Canarias se estima que existen unas 80.000 familias afectadas. Asimismo, debemos tener en cuenta que la hipoteca media en Canarias se constituye con un capital de 125.000 euros y durante una vida de 25 años.

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta que el euríbor de junio se ha situado en el 0,507%, nos encontraríamos que la anulación de las cláusulas suelo de las hipotecas de las familias canarias generaría un ahorro mensual de entre 64,80 y 181,89 euros para cada una de ellas. Si este dato lo elevamos a cantidades anuales para el conjunto de las 80.000 familias canarias afectadas, tendríamos que supondría una inyección de fondos en manos de las familias de entre 62,2 y 174,6 millones de euros. Es decir, entre el 0,15 y el 0,45% del PIB canario. El impacto que podría tener la entrada de estos recursos en la economía canaria, desde luego que no resolvería todos los males que nos aquejan, pero sin duda constituiría un efecto en sentido contrario a lo que venimos viviendo desde hace ya más de cinco años.

Como saben, en economía igual de importante que los hechos son las expectativas y los estados de ánimo. Paralizar las malas noticias y empezar a introducir estímulos positivos debe ser el primer paso para empezar a dar los pasos necesarios para salir de esta.

Sin lugar a dudas, esto no es más que una posibilidad, basada en unos cálculos someros y aproximativos, pero no deja de ser cierto que, si los bancos son conscientes de que tienen que aportar ya algo a la sociedad de la que tanto han extraído, deberían empezar a tener gestos como este.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia parece tenerlo más claro que el Gobierno de España: la austeridad no conduce sino a mayor miseria. Los estímulos en el consumo son fundamentales. Este es su granito de arena.

Antonio J. Olivera Herrera es DOCTOR EN ECONOMÍA