La privatización de las prisiones “pone en riesgo la seguridad”

Los funcionarios realizarán hoy una concentración de protesta a las puertas del centro Tenerife II. / J. GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Una oferta pública de empleo paralizada, una tasa de reposición de cero y la progresiva introducción de vigilantes de seguridad privada para hacer determinados servicios provocarán que los centros penitenciarios de nuestro país empiecen a quedarse sin funcionarios. Eso es lo que afirman los sindicatos con representación en el sector (CSI.F, UGT y CC.OO.), quienes alertan de que el proceso de privatización iniciado por el Ministerio del Interior puede acarrear “graves consecuencias” para la seguridad de las prisiones españolas.

Por ello, han convocado una serie de concentraciones en todo el Estado, la primera de las cuales se llevará a cabo este lunes en Tenerife II. Al respecto, el portavoz de la Junta de Personal del centro tinerfeño, Bernardo Fernández, aseguró ayer al DIARIO que esta política privatizadora “se irá extendiendo, poniendo en riesgo los puestos de trabajo de los empleados públicos penitenciarios y empeorando sus condiciones de trabajo”. “Cada año perdemos unos 500 funcionarios en toda España por las jubilaciones, lo que viene a ser el personal de un centro tipo”, subrayó Bernardo Fernández, quien recalcó que “si no convocan ofertas de empleo público y teniendo en cuenta que la tasa de reposición es cero, llegará un momento en que no habrá suficientes recursos para trabajar”. “Nos dijeron que los primeros vigilantes que se iban a incorporar serían los escoltas de políticos del País Vasco y Navarra, pero en realidad va a ser un negocio de seguridad privada”, agregó el delegado sindical de Tenerife II, quien insistió en que las cárceles canarias “no podrán cumplir con la relación de puestos de trabajo” si el Gobierno no da marcha atrás en sus intenciones. “Para 2018, la media de edad para el servicio interior superará los 57 años”, denotó Bernardo Fernández, quien recordó que les han bajado el sueldo dos veces y “también nos han quitado tres de los seis días adicionales que teníamos”.

“Sin trabajadores penitenciarios no habrá concursos, ni promoción profesional, ni segunda actividad y se pondrá en riesgo la seguridad de los trabajadores”, espetó. Por todo ello, los sindicatos exigen que “se respete a los empleados públicos penitenciarios, que se reconozca su profesionalidad y se defienda la dignidad de su trabajo”. “No vamos a permitir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias siga impulsando la criminalización de nuestro colectivo y rechazamos la prepotencia y falta de diálogo social de la Administración”, agregaron en una nota CSI.F, CC.OO. y UGT.

Por ende, las organizaciones sindicales piden que se respete el acuerdo suscrito sobre la jornada acumulada, que permite la posibilidad de acumular dos jornadas a la semana. “Proponemos también que en los centros penitenciarios de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se pueda autorizar que, como mínimo, una vez al bimestre natural se reserven al menos cinco jornadas acumuladas para poder disfrutarlas todas seguidas”.

“Igualmente, para el resto de los establecimientos penitenciarios, se propone que se autorice como mínimo, una vez al trimestre natural, que se reserven al menos cinco jornadas acumuladas para poder disfrutarlas todas seguidas”, concluyeron las mismas fuentes.