Sanidad pasa factura a los ‘sin papeles’

Luz (izquierda) y su hija Ana sostienen la factura que les ha emitido el Servicio Canario de la Salud. / S. MÉNDEZ

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Luz llegó a España hace más de tres años para pasar el amargo trance de enterrar a su hijo. Por este motivo, se le concedió un visado especial de tres meses que le permitió trasladarse des-de su Colombia natal. Aquí la esperaba su hija Ana, que ya llevaba un tiempo residiendo en nuestro país. Hasta hace apenas unos meses, ambas habían disfrutado de la prosperidad que ofrecía lo que los inmigrantes denominan El Dorado europeo.

Nada más lejos de la realidad. El pasado 28 de febrero, Luz sufrió un desvanecimiento en la calle, y la caída le provocó un fuerte esguince de tobillo. A pesar de que es hipertensa y comenzó a hiperventilar, en el centro de salud al que la llevó su hija no quisieron atenderla en un primer momento. Tras varias horas de espera, finalmente la pasaron a una consulta, donde ni siquiera le tomaron la tensión, según asegura la mujer a este periódico. Pese a todo, y por apenas cinco minutos de asistencia, le pasaron una factura de 63,89 euros, que ahora le reclama el Servicio Canario de la Salud (SCS), en virtud del Real Decreto de septiembre de 2012 aprobado por el Gobierno.

Como Luz, al menos 873.000 sin papeles se han quedado sin derecho a tarjeta sanitaria en los últimos nueve meses. De ellos, cerca de 49.000 en Canarias, según cifras de la propia Consejería de Sanidad. Sin trabajo ni recursos, inmigrantes como Luz se han visto obligados a acudir a entidades como Cruz Roja y Cáritas para poder subsistir, e incluso muchos se han personado en Extranjería pidiendo que les abran un expediente de expulsión para poder volver a sus países de origen. “Nos dan un vale de comida, y un amigo de mi hija nos ha dejado una habitación para que vivamos ahí hasta que nos repatrien”, relata Luz, que necesita medicarse cada día porque también posee problemas de tiroides y el virus del papiloma humano.

“Llegamos a España para trabajar, y ahora ya ni siquiera nos atienden en un centro de salud”, resalta la inmigrante colombiana, quien confía que su denuncia sirva para ayudar a otras muchas personas que se encuentran en la misma situación que ella. En la reforma sanitaria del PP, los sin papeles deben costearse ciertas prestaciones, en general todo lo que no sean urgencias, excepto en el caso de menores y embarazadas. Como Luz, reciben unas facturas -o unos compromisos de pago previos- con el coste de los servicios que antes de la reforma nadie tenía que abonar.

RETORNO VOLUNTARIO

En el caso de Canarias, la Consejería de Sanidad afirma que cerca del 70% de los inmigrantes afectados por la medida no reside ya en las Islas, y basa esa apreciación en el hecho de que se trata de pacientes que no han usado la tarjeta “en un amplio periodo temporal”, por lo que la cifra final de damnificados rondaría las 15.000 personas. Una afirmación que no comparten entidades humanitarias como Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, quienes insisten en que “el Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad”. “Los requisitos exigidos para lograr cobertura sanitaria resultan prácticamente imposibles para los inmigrantes residentes en Canarias, puesto que se le piden documentos que han de conseguir en sus países de origen y que a veces ni siquiera existen, como una declaración de la renta, cuando hay regiones que poseen una oficina de Hacienda”, denotan en Médicos del Mundo.

Mientras esperan la expulsión, Luz y su hija confían en que prospere la reclamación que han presentado en el SCS. “Pagar la factura supone que no tendríamos para comer ni para pagar las medicinas”, concluyen.

Detalle de una factura. / DA