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Los socialistas y Aznar – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

La corrupción política -y social- española se está revelando como una corrupción de proporciones gigantescas, una corrupción generalizada y crónica que se ha instalado en la vida política española, y que, al parecer, ha venido para quedarse. Se trata de una corrupción ligada a la financiación ilegal que practican todos los partidos y a las relaciones inconfesables de los partidos con la banca y con el mundo empresarial. Una financiación ilegal y unas relaciones inconfesables en las que también participan los sindicatos hegemónicos y corporativos que sufrimos en este país, unos sindicatos que no tienen nada que ver con el movimiento obrero y que actúan en la vida política española como grupos de presión salvaje. Y sin la molestia de tener que presentarse a las elecciones y pasar por las urnas. Transparencia Internacional es una organización con sede en Berlín, fundada en 1993 con el objeto de combatir la corrupción política. Su instrumento principal es la divulgación de información, y, en esa línea, publica desde 1995 el índice de percepción de la corrupción, un índice que mide, en una escala de cero (percepción de una corrupción muy elevada y generalizada) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público de cada país. Es un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. La organización define la corrupción como “el abuso del poder encomendado por los ciudadanos en beneficio personal”. Y ese beneficio personal hemos de entenderlo asimismo en el sentido de beneficio para el propio partido, porque, como estamos diciendo, la financiación de los partidos políticos es una de las mayores fuentes de corrupción, también en España. La baja calidad de la democracia española se pone de manifiesto en nuestro puesto 30 entre 180 países y nuestro índice de percepción de la corrupción de 6.1 sobre 10, al nivel de un país como Botsuana. Los principales países desarrollados nos superan en honestidad pública, y otros menos desarrollados, como Chile y Uruguay. Por si fuera poco, en los últimos diez años hemos retrocedido desde un índice 7.0. Entre los países desarrollados, solo son más corruptos que nosotros Italia, en el puesto 67 con un índice 3.9, y Grecia, en el puesto 78 con un índice 3.5, lo que esclarece mucho de lo que está sucediendo en esos países. El puesto 105 de Argentina, con un índice 2.9, y el puesto 164 de Venezuela, con un índice 2.0, explica también lo que ocurre en la política y la economía de esos países. Por lo que respecta a España, está muy claro. Todos los partidos políticos españoles son culpables de esta situación, y si los partidos españoles quisieran, la corrupción política española se acabaría de un día para otro. Pero, por supuesto que no quieren. Porque, aprovechando la deficiente legislación española, todos los partidos utilizan la corrupción para financiarse de manera ilegal. Y todos saben que los responsables de esa financiación ilegal del partido desvían parte de los fondos en su beneficio, además de dejarse comprar de muy variadas y sutiles formas. Si se monta una trama de financiación ilegal de un partido, parece inevitable que un porcentaje de esa financiación se derive a las manos privadas de quienes crean y gestionan la trama. Es una situación generalizada y consentida, que no suele trascender. El problema surge -la corrupción se hace pública- cuando un partido se confía y deja demasiadas pistas, o cuando el partido rival se siente a cubierto, encuentra un resquicio y lanza a su gente a la caza del contrario. Es lo que ahora mismo, a pesar de los ERE andaluces, están haciendo Rubalcaba y el PSOE con el Partido Popular. Con el asunto Bárcenas los han pillado en un renuncio importante, un renuncio que incluye al presidente Rajoy, y no están dispuestos a soltar la presa. La financiación corrupta de los partidos se basa en algunas reglas no escritas, aunque absolutamente imperativas. Y una de ellas es que los responsables de la financiación ilegal del partido desvían parte de los fondos en su beneficio, además de dejarse comprar de muy variadas y sutiles formas, y de repartir entre dirigentes del partido y familiares. Pero si son descubiertos deben cumplir un pacto de silencio que los obliga a sacrificarse como precio de su enriquecimiento. La diferencia del caso Bárcenas estriba en que el antiguo tesorero popular, presunto responsable de la trama financiera de su partido, no parece dispuesto a inmolarse y parece decidido a llevarse por delante a los dirigentes a los que supuestamente enriqueció, incluyendo al presidente Rajoy. Es lo mismo que están intentando hacer presuntamente Diego Torres y su esposa en el caso Urdangarin, su antiguo socio. Rubalcaba anuncia una moción de censura si Rajoy no da explicaciones en el Congreso, una moción condenada al fracaso ante la mayoría absoluta del presidente. Descartada la convocatoria anticipada de elecciones, con encuestas que pronostican la pérdida de, al menos, ochenta escaños, y con datos económicos y de empleo que no mejoran, la segunda parte de la legislatura se puede convertir en el principio del fin de la aventura popular en el Gobierno. Los socialistas lo celebrarán. Y Aznar también.