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REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS >

Spínola reconoce que es necesario replantearse algunas instituciones

   

Ortiz y Spínola

Francisco Hernández Spínola, con el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz (izquierda). / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Son tiempos de poner el reloj de la Administración en hora con el momento actual. El proceso está en marcha, pero en direcciones, muchas veces, contrapuestas. Las iniciativas del Gobierno de la nación colisionan con los intereses de las comunidades autónomas, que denuncian una “recentralización” del Estado.

Está por ver si la vuelta de tuerca de la estabilidad presupuestaria aprieta tanto como para activar el cambio de agujas. En la estación de salida, el Ejecutivo de Canarias se opone a suprimir instituciones arraigadas en la autonomía, como el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo. No obstante, propone un “debate sosegado” sobre la conveniencia de reorganizarlas.

En este escenario,el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola (PSOE), acepta discutir la supresión de las oficinas ubicadas fuera de la sede oficial. Así está recogido en los presupuestos de 2013 y a eso se agarra el PP. Esa disposición afecta especialmente al Diputado del Común, organismo residenciado en La Palma y con dependencias en cada una de las restantes islas. Como solución, Emilio Moreno sugiere que las quejas de la ciudadanía se canalicen a través de los registros de los cabildos.

Spínola va más allá y, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, plantea una reforma de las leyes que regulan esas instituciones: “Podríamos aminorar su estructura, por ejemplo. Entendemos que deben permanecer. Otra cosa es que se abra una reflexión sobre la posibilidad de modificar la composición de esas instituciones después de un debate sosegado y buscando siempre un amplio consenso entre los grupos parlamentarios”.

El consejero profesa la filosofía de que el Ejecutivo central no puede inmiscuirse en el autogobierno. “A eso nos negamos rotundamente”, apostilla.

Hernández Spínola comparte el criterio de que el redimensionamiento de las administraciones públicas hay que llevarlo adelante, porque “es una necesidad en una etapa en la que vivimos de crisis económica y los ciudadanos nos demandan una mayor eficiencia”. Sin embargo, se queja de la falta de negociación. “No ha habido diálogo con las comunidades autónomas a pesar de que muchas de las actuaciones que se incluyen en el informe tocan aspectos de su funcionamiento. Si hay una Administración que requiere de reformas es la general, que no se ha adaptado al Estado de las autonomías después de treinta años de consolidación del modelo”.

Spínola pone de relieve que la Comunidad Autónoma de Canarias “viene aplicando una reforma de la Administración mucho más intensa”. Entre las medidas de ajuste, menciona “la eliminación de organismos públicos, la supresión de veintiséis direcciones generales entre 2010 y 2013, la reducción en un 10% del personal eventual, la redistribución de los efectivos, la concentración de las compras, la racionalización en el mantenimiento de los inmuebles y la simplificación de los trámites”. También entra en este capítulo el ahorro de más de un millón de euros en energía eléctrica durante 2013 y otro millón en la rebaja de las pólizas de seguros y envíos postales.

Además, añade Spínola, está en vías de aprobación el reglamento de actividades clasificadas, que “supone una disminución muy sensible de las autorizaciones para la apertura de cualquier establecimiento”.
Los caminos de la modernización son inescrutables. Los atajos conducen al precipicio si no se colocan barreras de contención.

Cambiar para seguir trabajando

Aunque instituciones como las equivalentes al Defensor del Pueblo aparecen recogidas en los estatutos de autonomía, las respectivas comunidades buscan fórmulas que permitan a la institución seguir trabajando, pero con menos recursos y unas funciones más discretas. Las dotaciones de estas entidades superan en su conjunto los 25 millones de euros anuales. Los presupuestos de los ejercicios han rebajado significativamente la partida para este cometido. La mayor disminución es la de las cuentas de Canarias de 2013 (un 81,74% inferior a 2012): el Diputado del Común se queda en 535.038 euros.

A los consejos consultivos (todas las comunidades autónomas excepto la de Cantabria) se dedican no menos de 26 millones de euros al año. El de Canarias registra una merma de más del 80%. Suelen tener sus sedes en edificios históricos, como el de la lagunera calle de San Agustín, conocido como Casa Montañés, en referencia al sargento mayor de caballería Francisco Gabriel Montañés del Castillo y Machado. La reseña oficial destaca que es una “muestra sobresaliente de la arquitectura civil canaria del Siglo XVIII”. El inmueble lo adquirió la Comunidad Autónoma en 1985.

Las comunidades suman 149 delegaciones en el exterior. A Canarias le acarrean un coste de 1,8 millones de euros anuales. La mitad del gasto corresponde a la oficina en Bruselas.