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Vitalidad renovada – Por Ricardo Melchior*

   

El centenario de la promulgación en 1912 de la Ley administrativa de Canarias, efeméride que conmemoramos hace un año, por estas mismas fechas, ha dado pie al desarrollo de un programa de actividades en torno al primer siglo de vida del Cabildo Insular de Tenerife, hito que celebramos el pasado mes de marzo. Con toda la solemnidad que requiere la ocasión, que no está reñida con la sencillez y la austeridad, tratamos de poner en valor la relevancia que ha tenido esta institución desde sus orígenes, las vicisitudes que han marcado esta trayectoria y el papel que le toca desempeñar en adelante.

Uno de los actos programados nos reunió el pasado día 5 en La Laguna, remontándonos a un origen mucho más lejano en el tiempo, cinco siglos atrás, alrededor de la constitución del Antiguo Cabildo de Tenerife. Rememoramos en la ermita de San Miguel el establecimiento de un ente que tuvo allí su sede y que ya entonces representó la unidad política de la Isla. Además del simbolismo de su celebración en un sitio tan emblemático, con una conferencia magistral del periodista Eliseo Izquierdo, miembro de honor de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, el acto nos ayudó a comprender mejor la trascendencia de esa unidad y el verdadero valor del Cabildo como instrumento de gobierno al servicio de los intereses de la sociedad tinerfeña.

Referirnos a aquel órgano administrativo es hacerlo también a La Laguna, a partir de la implantación en este lugar de un modelo municipal único, el Antiguo Cabildo, con plena jurisdicción sobre el conjunto del territorio insular, tanto en lo político como en lo económico. De manera que la fecha de 1497 que da origen a esta institución podríamos interpretarla como la del alumbramiento unívoco de San Cristóbal de La Laguna y de las propias instituciones tinerfeñas. Allí se asienta el primer enclave urbano de la Isla y se proyecta su gobernación a lo largo del tiempo hasta 1835, instante en que se implantan en el Archipiélago los ayuntamientos modernos surgidos de la Constitución de 1812. De ahí que podamos decir que los tinerfeños hallamos en La Laguna las claves de nuestro propio pasado.

Doscientos años después de que Cabildo y Ayuntamiento dejaran de ser una misma institución, con el Reino de España estructurado en provincias y municipios, las corporaciones insulares muestran hoy más vitalidad que nunca. Si bien la Constitución de Cádiz de 1812, que dio origen a la Diputación Provincial, obvió la fuerza de la entidad isla, puede decirse que la Ley administrativa de Canarias, promulgada un siglo más tarde, abrió la puerta a los Cabildos modernos. La adopción de un régimen administrativo propio, basado en la Isla como razón legal de sus actuaciones, junto a la herencia de los antiguos Concejos, les dio alas para llegar a sus ciudadanos y que estos los sintieran como propios. Se inició entonces una singladura apasionante, con sus momentos buenos y malos, de la que han terminado saliendo instituciones mucho más robustas, eficaces y representativas.

Mencionar a estas instituciones como órgano de gobierno insular, dentro de un marco regional equilibrado, es sinónimo de garantía en la respuesta a las demandas de eficiencia, cercanía y agilidad que exige el ciudadano. Nadie puede poner en duda su carácter claramente integrador, capaz de responder política y administrativamente al hecho que mejor nos diferencia de otras comunidades, como es la insularidad. Además, los Cabildos también han ido sedimentando ese necesario poso de madurez y solidez en sus actuaciones, surgido de su disposición a atender, de manera efectiva, la gestión de los intereses públicos.

La conmemoración de esta efeméride también nos ha animado a establecer una serie de retos acerca del futuro de nuestras instituciones. Porque tenemos que ser capaces de profundizar en el diseño y desarrollo de nuevos cometidos, vinculados al empleo y la formación, el apoyo a los sectores productivos, la innovación, la insularización de servicios, la reducción de la dependencia energética del exterior, las relaciones con países terceros o nuestro posicionamiento como plataforma tricontinental. Pero resulta imprescindible para ello, como venimos insistiendo, una verdadera reordenación competencial, con la financiación garantizada de origen -es decir, por ley- y bajo principios de eficacia, eficiencia y representatividad.

Esa reordenación dejaría en manos de la Comunidad Autónoma las competencias relativas a las personas, como la sanidad y la educación o la hacienda y la justicia, iguales para todos los canarios, otorgándoles a los Cabildos, de manera íntegra, aquellas que tengan como fundamento el territorio. Porque los Cabildos cuentan hoy con elementos suficientes para afrontar ese salto competencial y su probado liderazgo en el desempeño de políticas de diversa índole les convierte en una pieza imprescindible para acometer el cambio de modelo que imponen los nuevos tiempos.

* Presidente del Cabildo de Tenerife