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El objeto del nuevo ente público se ciñe a la “potestad sancionadora”

   

Sede de la Administración Tributaria Canaria

Sede de la Administración Tributaria Canaria, en Santa Cruz de Tenerife. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La aplicación efectiva y el ejercicio de la potestad sancionadora del sistema tributario canario, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden al Gobierno regional y al consejero de turno. Este es el objeto de la creación del ente de entidad pública Administración Tributaria Canaria, actualmente en fase de anteproyecto, y que en un principio se pregonó como una agencia similar a la de ámbito nacional (AEAT). En la práctica se limitará a simplificar y unificar gestiones que ya se vienen ejecutando.

El organismo también podrá diligenciar “aquellos recursos de derecho público de otras administraciones y entes públicos encomendadas por ley o mediante un convenio de colaboración”.

Entre sus atribuciones, le competerá la “aplicación de los tributos integrantes del sistema tributario canario, la recaudación en periodo voluntario o de ejecución de los ingresos de derecho público no tributarios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, la inspección, así como la colaboración y la coordinación con las otras administraciones tributarias”.

Integran el sistema tributario canario los tributos propios de la Comunidad Autónoma, los derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF), los nacionales cedidos y los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado.

Hasta ahora, estas funciones han estado distribuidas entre diversos órganos, unidades y entidades de derecho público dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda.

En cuanto a la naturaleza de los actos dictados, estos son administrativos. Esta circunstancia implica el sometimiento a un régimen especial. Conforme a la Constitución, están controlados por órganos pertenecientes al poder judicial, que integran la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España. Es decir, generan efectos jurídicos sobre los administrados.

En este marco, las actuaciones de la Administración Tributaria Canaria “son revisables en vía administrativa en los términos del título V de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normativa de aplicación”. El ejercicio de estas facultades corresponderá a los órganos de la Administración Tributaria Canaria. En lo que se refiere a las reclamaciones económico-administrativas, el texto concreta que son recurribles ante los órganos económicoadministrativos que sean competentes, sin perjuicio de la interposición previa y con carácter potestativo del recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.

Las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil y laboral deberán dirigirse al presidente de la Administración Tributaria.
Los principios generales de actuación y organización se basarán en la “transparencia”, la “responsabilidad por resultados”, la “calidad y el servicio público prestado”. Se regirá, además, por las siguientes reglas: limitación de la presión fiscal indirecta, lucha contra el fraude fiscal, jerarquía y desconcentración en su organización, especialización y cualificación del personal, impulso en el empleo y desarrollo de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Organización

El Gobierno de Canarias ejercerá la superior dirección, impulso, coordinación, ordenación, planificación y supervisión de la Administración Tributaria. Autorizará, por lo tanto, la firma de convenios con los cabildos y los ayuntamientos para la prestación de servicios.

La Consejería de Economía y Hacienda estará facultada para revocar las decisiones del director de la Administración Tributaria Canaria. Asimismo, elaborará, tramitará y aprobará la normativa tributaria, “salvo la que el Estatuto atribuya a la Administración Tributaria Canaria”.

El presidente se ocupará de la dirección estratégica y llevará la representación institucional de la Administración Tributaria Canaria. El órgano colegiado se denominará Consejo Rector, compuesto por el presidente y los vocales. El Comité Asesor incorporará a los cabildos y a la federación de municipios, que quieren participar en su gestión.

despachos recaudadores

El sistema de recaudación de impuestos está en revisión. / DA

La chispa saltó con la supresión de los despachos liquidadores comarcales

La chispa saltó con la supresión de las oficinas liquidadoras comarcales. Cuando un informe de la Audiencia de Cuentas alertara de que Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (Grecasa) cobraba de más por los encargos de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se apuntó incluso la posibilidad de que se hubiera incurrido en responsabilidades contables. Supuestamente, se dijo entonces, “el precio del servicio estaba tres puntos por encima del que cobran la Agencia Tributaria y el Consorcio de Tributos de Tenerife”.

Para su puesta en marcha, la Dirección General de Tributos se planteó como una prioridad disponer de “un instrumento de gestión eficaz, capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes que se derivan del procedimiento recaudatorio”. Una entidad mercantil, cuyo capital pertenece íntegramente al Gobierno autonómico, Grecasa “se ha consolidado como una herramienta muy útil en la política de gestión de los ingresos de la Consejería de Economía y Hacienda”. Pero la imagen que les llega a los sindicatos no es tan idílica. Reivindican la profesionalidad de los empleados públicos.

Ya se han abierto seis oficinas

El lunes 5 de agosto, la Administración Tributaria Canaria empezó a prestar servicios en las oficinas de atención ciudadana ubicadas en Arona y La Orotava. Ahí “se informará y asesorará a la población sobre sus obligaciones tributarias”. Se presentarán autoliquidaciones y declaraciones tributarias sobre los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones e Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). También se registrarán documentos dirigidos a la Administración Tributaria Canaria y a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, así como obtener cartas de pago y solicitar certificados tributarios.

La Administración Tributaria Canaria cuenta ya con seis oficinas en las dos provincias, como complemento a la sede electrónica.