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Los parques nacionales pierden el 30% de sus retenes para incendios

   

CUADRILLAS CONTRAINCENDIOS

Los últimos dos años ha decrecido la cifra de las cuadrillas y conductores de vehículos contraincendios. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Con una reducción global que supera los 1,4 millones de euros en tres años, los parques nacionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentran en una situación muy delicada. De hecho, sus responsables han tenido que hacer encaje de bolillos este año para seguir prestando los mismos servicios que hasta ahora, en unas condiciones mínimas. Los recortes, sin embargo, han provocado que los retenes contraincendios contratados para la campaña estival hayan perdido el 30% de sus efectivos en relación a los dos últimos ejercicios, según asegura a este periódico Sito Chinea Cruz, miembro delegado del comité de empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa), entidad que gestiona el servicio de prevención y extinción de incendios forestales en los parques nacionales del Estado.

En el caso del Garajonay, en La Gomera, este año hay un retén menos, y además la cifra de miembros de estas cuadrillas ha pasado de 12 a 9. Hay, por tanto, 18 personas menos destinadas a la vigilancia y extinción de incendios, una labor que según Sito Chinea “se está supliendo con personal también realiza tareas de limpieza y mantenimiento”. De igual modo, el delegado sindical de Tragsa afirma que “ya no hay vigilantes estratégicos, ya que de los 12 que había en 2011, se pasó a solo 4 el año pasado, y este verano ya no se ha contratado a nadie, a pesar de que son básicos de cara a la pronta localización de un incendio”.

En Garajonay no hay vigilantes estratégicos y la campaña se ha reducido un mes

Una situación similar existe actualmente en el Parque Nacional del Teide, cuyo dispositivo ha perdido 18 operarios por el tijeretazo emprendido por las administraciones públicas. En concreto, ahora hay 6 cuadrillas de 4 personas, a las que se añaden 16 conductores, casi la mitad de personal que había hace apenas un lustro, cuando además la campaña contra incendios se desarrollaba entre el 15 de junio y el 15 de octubre.

Ahora, como explica el director-conservador del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente de La Palma, Ángel Palomares, la campaña se extiende desde el 1 de julio al 30 de septiembre, a pesar de que también existe un “riesgo importante” en los meses de junio y octubre. En el caso de La Caldera, según recalca, se ha reducido el 25% el servicio contratado, lo que ha provocado que en estos momentos el dispositivo está formado por 4 retenes de 7 personas (hasta 2011 eran de 8 miembros) y 8 conductores, que están operativos entre las 8 y las 20 horas. “En caso de incendio, el servicio se duplica, y se movilizan dos retenes de día y dos de noche”, subraya Ángel Palomares, quien no obstante recuerda que estos equipos “actúan solo de apoyo”, porque “no pueden apagar un fuego importante, que ni siquiera se puede afrontar con los medios con los que cuentan los cabildos insulares”.

Desde el comité de empresa de Tragsa temen nuevos ajustes presupuestarios para el próximo año, lo que sin duda volverá a repercutir en los dispositivos contraincendios. “Son operativos fundamentales en una época como la actual, en verano, sobre todo ante condiciones meteorológicas de extremo calor y altas temperaturas”, asevera Sito Chinea, quien opina que “se ha bajado demasiado la guardia, porque mientras aumentan los sistemas forestales canarios en zonas de medianías, los efectivos van disminuyendo”.

Una opinión que comparte el director de La Caldera de Taburiente, que insiste en que los responsables de los parques han procurado contar con dispositivos “equilibrados”, y han distribuido los medios en función de los recursos. “En nuestro caso no existen puestos específicos de vigilancia, porque fundamentalmente se dedican a atender a los turistas todo el año, pero en esta época también dan avisos”, arguye Ángel Palomares, que explica que las tareas de los trabajadores no acaban en verano, porque “hay que conservar y acondicionar los senderos, porque si no en invierno no se podría acceder a los parques”.

Alertan sobre la “desaparición” de estos espacios

El proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2013 reducía en más del 75% las inversiones de los parques nacionales, lo que podía haber supuesto “la casi total desaparición de la gestión de conservación de estos espacios únicos en el mundo”, como denunciaron representantes de la comunidad científica del Archipiélago. Sus críticas, que fueron secundadas por distintos sectores de la sociedad canaria y también por numerosos investigadores internacionales, provocaron que finalmente todos los grupos políticos representados en el Parlamento regional pactaran una enmienda que permitía dotar con dos millones más el montante asignado para los parques. Aun así, profesores de la Universidad de La Laguna (ULL) como Juana María González Mancebo, Aurelio Martín Hidalgo y José María Fernández-Palacios, catedrático de Ecología, siguen insistiendo en que desde que los parques nacionales canarios fueron transferidos, “la reducción de presupuestos ha sido la tónica general”, llegando incluso a sustraerse las subvenciones de las zonas limítrofes, las cuales están destinadas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones próximas y contribuir así a su desarrollo.

“Debido a la presión antrópica sobre la naturaleza canaria, los espacios naturales no se mantienen por sí mismos como sucedería en condiciones naturales. Esto supone que los parques están amenazados por multitud de factores que, hasta ahora, han sido gestionados y minimizados gracias al trabajo y dedicación del personal contratado por estos organismos”, subrayan los científicos, quienes temen que en el futuro los parques no puedan gestionar las especies amenazadas, por lo que “algunas se extinguirán”, e incluso “se quedarán sin recursos para prevenir y apagar incendios”. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) también ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación respecto a que el Gobierno regional siga sin justificar en tiempo y forma al Estado la cantidad de 1,2 millones de euros recibida para las áreas de influencia socioeconómica, lo que puede ocasionar que se pierda la subvención en 2014. La Fecam ha instado al Ejecutivo a que justifique con urgencia la subvención, de tal forma que se garantice que la región pueda volver a participar en la distribución de estos recursos, y ha exigido un plan global de promoción del desarrollo sostenible de las poblaciones que cuentan en su territorio con parques nacionales.