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Pérez acusa a Rajoy de dejar a las comunidades en una situación precaria

   

AGENCIAS | Las Palmas de Gran Canaria

El vicepresidente del Ejecutivo de Canarias, José Miguel Pérez, denunció ayer que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado a las comunidades autónomas en una situación “de extraordinaria incertidumbre y precariedad, porque alguien que tendría que hacer bien las cuentas no lo está haciendo bien”, ya que, arguyó, en septiembre se tendrá que volver a revisar al Política Fiscal y Financiera.

Pérez manifestó en una comparecencia ante los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria que “si el Gobierno de España comprueba que va a entrar en déficit retendrá las cantidades y no las enviará a los correspondientes centros”. Por eso, alertó: “Tendremos que volver a pasar otra reválida presupuestaria que nos someterá a todos a nuevos recortes”. Pérez confía en que no sea así. “Esperemos que en aquellas comunidades donde estamos cumpliendo sin problema no nos hagan pagar el pato, como nos lo acaban de hacer pagar con esta nueva distribución que se ha hecho de las políticas del déficit público”, reiteró el vicepresidente.

Madrid fue la única comunidad autónoma del PP que el miércoles votó en contra de los objetivos de déficit diferenciados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También se opusieron Cataluña, Asturias y Canarias.

El consejero de Economía y hacienda, Javier González Ortiz, discrepó del 1,2 % de déficit asignado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para 2013 por considerarlo “injusto e insuficiente”. Este nuevo límite se aleja notablemente del 2% que había sido solicitado para compensar la insuficiencia de ingresos del actual sistema de financiación autonómica. Ese porcentaje supone 200 millones de euros adicionales a los presupuestos autonómicos, cantidad que deberá ser concretada en una ley de crédito extraordinario. En total, Canarias está autorizada a cerrar el año con un déficit máximo de 480 millones. En el transcurso del CPFF, González Ortiz mostró igualmente su desacuerdo con el reparto entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas después de que la Comisión Europea concediera a España una ampliación del objetivo para 2013. Del 6,5%, el Gobierno central se reservó el 5,2%.