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Policía Local como Policía Judicial – Por María Elena Delgado Hernández

   

Ya nadie discute el papel de la Policía Local en materia de juicios rápidos por delito o juicios inmediatos por falta. La preparación que han alcanzado algunos cuerpos de policía local hace que muchos ciudadanos acudan a sus dependencias para denunciar ilícitos penales leves o menos graves. Sus funciones como policía judicial van siendo cada vez menos discutidas y, por contra, más desarrolladas.

El papel que se les otorgó en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como colaboradoras de los cuerpos estatales en materia de Policía Judicial, debe ser revisado, o cuando menos, matizado, para tratar de corresponderse con las funciones que en realidad lleva a cabo la Policía Local actualmente. Existe conciencia de la complejidad de su modificación pues se parte una situación de total asimetría en los municipios existentes en el Estado español, que se proyecta sobre sus respectivas policías locales por diversos factores como población, extensión territorial, número de agentes, especialización de sus miembros, o problemáticas generales o específicas existentes… Así, lo que sirve para unas puede no ser viable para otras.

Desde la publicación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se acordó potenciar la participación de los cuerpos de policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de policía judicial, a cuyos efectos, por el Gobierno de la Nación, debían promoverse las actuaciones necesarias para la elaboración de una norma que definiese y concretase el ámbito material de dicha participación.

Después de casi 10 años esa norma sigue sin dictarse. Su papel ha pretendido suplirse con la firma de acuerdos específicos entre municipios y la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, tomando como base los acuerdos marco previamente suscritos entre este y la Federación Española de Municipios y Provincias. Así, nació el Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, suscrito entre el Ministerio de Interior y la FEMP el 20 de febrero del 2007. Ya en uno de los exponendos de este se reconoce que “el alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando las policías locales, especialmente en los grandes núcleos urbanos, así como la proximidad de los cuerpos de policía local a sus respectivas comunidades locales, convierte a estos servicios en instituciones fundamentales para el desarrollo de políticas de prevención de la delincuencia”.

La suscripción de esos acuerdos puede propiciar una mayor coordinación entre los cuerpos actuantes en cada término municipal en materia de seguridad ciudadana y de policía judicial y otras ventajas añadidas, como el acceso a las bases de datos policiales, o el intercambio de información policial, entre otras.

Sin embargo, estos convenios o acuerdos solo son instrumentos de derecho administrativo que carecen del rango, de la obligatoriedad, de la generalidad y de la seguridad jurídica que son predicables de toda norma jurídica, y su revisión, en caso de controversia, se atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa.