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Tratados y acuerdos internacionales – Por Isidoro Sánchez

   

En la Constitución de 1978 se definen las competencias del Estado en el artículo 149 del capítulo III, que se denomina De las Comunidades Autónomas. A su vez está incluido en el Título VIII de la Carta Magna española que se titula De la organización territorial del Estado. Reza en el apartado 1.3º que el Estado tiene competencia exclusiva en la materia de relaciones internacionales. Por su parte, el artículo 150.1 señala textualmente que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. Estas consideraciones previas vienen a cuento por dos normas que están caminando por la senda de las Cortes Generales y del Gobierno español. Me refiero primero a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado; y en segundo lugar, al anuncio reciente por parte del Gobierno central del anteproyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales. De la primera cuestión ya me ocupé en la prensa hace unos meses. Cuando comenté unas incidencias generadas en Venezuela por el embajador de España hice referencia a las declaraciones de un alto funcionario del Ministerio de Exteriores del Gobierno español reconociendo la conveniencia de aclarar la laguna jurídica que España tiene planteada con la aplicación del dichoso artículo 149.1.3º de relaciones internacionales. No quiero pensar que el anuncio oficial del anteproyecto de tratados y otros acuerdos internacionales responda a los rifirrafes producidos con el Reino Unido por culpa de Gibraltar. Me supongo será debido a la antigüedad de la norma regulatoria, un decreto de 1972, que a su vez se remonta a leyes de 1942, donde se reflejaba la especial posición -aún vigente- que en las relaciones internacionales corresponde al jefe del Estado. Se aludió en la exposición de motivos a que “la falta de una normativa clara y suficiente enturbiaba el entendimiento del sistema y podía servir de base para interpretaciones diferentes”. Era necesario seguridad jurídica, apuntaban los legisladores de entonces, pero los tiempos no han cambiado a pesar de contar con una Constitución en 1978 donde se articuló una organización territorial autonómica muy especial. Se olvidan algunos que las estructuras se construyen de abajo hacia arriba, que la soberanía española se “cedió” hace algunos años a la Unión Europea y que también algunas comunidades tenemos “colegas y vecinos internacionales”. Algunos gobernantes ignoran que estamos en una etapa posdemocrática en la que hay que tener una visión política de la situación. Confiemos en ser capaces de acertar con una nueva norma a la hora de ordenar la actividad de las administraciones en materia de tratados y acuerdos internacionales. Llevamos esperando años y mucho ha llovido. Entonces me acordé del ilustrado prusiano Alexander von Humboldt cuando en el siglo XIX le comentó a su hermano Wilhem la importancia de las relaciones internacionales.