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Antonio Dorado: “La reforma debe respetar la insularidad”

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz

Inexcusable no recabar la opinión de Antonio Dorado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, aprovechando su paso por Tenerife para participar en la conferencia organizada por el Colegio de Secretarios Judiciales

Antonio Dorado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Antonio Dorado, Vocal del Consejo General del Poder Judicial. | SERGIO MÉNDEZ

a cuenta de la reforma prevista para el Consejo y para la planta judicial, siendo como es partícipe de los informes enviados al Ministerio.

- Actualidad obliga. ¿Qué le parece el nuevo Código Penal?

“Nosotros informamos al respecto, hicimos nuestra valoración al respecto y, por citar algún caso concreto, entiendo personalmente que la prisión permanente revisable no es una mala medida, pero hay que ser respetuoso con el Gobierno y su capacidad legislatura, que será el Parlamento quien finalmente decida como órgano de expresión de la soberanía popular”.

- Como jurista, ¿que ve como muy positivo en los cambios?

“Resulta evidente que había que abordar el tema de la piratería, ya que se trata de un fenómeno nuevo. Particularmente, el tema de los robos agrarios me preocupa porque soy de Andalucía y allí es un problema muy grave. ¿Aquí también? Pues entonces me entenderán mejor, porque ya le digo que en Madrid no le dan mucha importancia al asunto y la tiene. Que uno trabaja todo el año el campo para que luego le roben…”.

- ¿Qué opinión le merece las nuevas normas para reformar el Consejo General del Poder Judicial?

“Como usted sabe, la propuesta que elaboramos en el consejo ha sido modificada a su paso por el Ministerio ya que entendió que era mejor otra cosa para lograr un consenso. Pero el modelo en sí respeta los requisitos constitucionales, que son tres: que los jueces sean nombrados por el consejo y no por el gobierno, que los jueces sean promovidos para los cargos por el consejo y no por el gobierno, y en tercer lugar para que el tema disciplinario esté a cargo de los jueces y no del Gobierno. Es lo fundamental, la base de la independencia del consejo, y en tanto en cuanto se mantenga ese marco constitucional, resulta válido”.

- ¿Para qué son los cambios?

“Que el Consejo sea mucho más efectivo y expeditivo, y menos burocratizado. Que sea más ágil y se centre en el mandato constitucional de preservar la independencia de los jueces. En resumen, entiendo que los cambios son válidos porque se ciñen a ese núcleo que marca la Constitución y se limita a dotar de un modelo distinto, y que lo ha fijado este Gobierno y este Parlamento como se podía haber hecho en otra etapa”.

- Entonces, ¿considera que hay que esperar a cómo funciona el nuevo modelo?

“Claro. A lo mejor es el bueno, o quizás no. Lo importante, insisto, en que se respeta lo realmente importante”.

- Por último, ¿es partidario de la circunscripción provincial que pretende implantar el Ministerio, lo que supone el fin de la planta judicial actual?

“Me parece adecuado y así lo hemos hecho constar en el informe del Consejo. Entendemos que este modelo provincial evitaría los problemas actuales que derivan de una distribución territorial diseñada para una España rural con grandes distancias. Y ahora las distancias no se miden en kilómetros sino en tiempo. Las comunicaciones son mucho mejores, y compartimentar tanto los recursos judiciales impide que se puedan emplear donde hacen falta. Hoy día, los ciudadanos tienen justicias distintas porque en las capitales hay, digamos, grandes hospitales, y en los pueblos un médico rural. Hay sitios donde en una acera tardas tres años en divorciarte, y en la de enfrente la mitad de tiempo porque pertenece a otro partido judicial”.

- Pero describe un modelo para la Península, no para las Islas…

“Eso es verdad. Hay que atender a la insularidad a la hora de aplicar esta reforma, pero ésa es tarea del Parlamento”.