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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, entre los 70 de España con riesgo de intervención

pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
El pleno debatirá mañana un nuevo ajuste económico. / MOISÉS PÉREZ
| Puerto de la Cruz

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

La advertencia fue clara: o se cumple con el pago de deuda a proveedores o el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz corre el riesgo de ser uno de los 70 de España y de los pocos de Canarias que puede ser intervenido por el Gobierno central. Así lo confirmaron a DIARIO DE AVISOS fuentes de ambas administraciones, quienes precisaron que la semana pasada se recibió una llamada del citado organismo, dependiente de la Administración central, mediante la cual se trasladaba este aviso al alcalde de la ciudad, Marcos Brito, al tiempo que añadía que “iba a vigilar con cautela” que se cumpliera la legalidad vigente.

Ante este aviso, y pese a la visión de algunos más optimistas que esperaban que la situación económica se pudiese revertir con las medidas ya adoptadas, el Gobierno municipal (CC-PP) ha tenido que “endurecer” sus planes aunque todavía no se sabe el alcance que tendrán los mismos.

Por este motivo, en el Pleno que se celebrará mañana se debatirá la revisión del plan de ajuste, aprobado el pasado año, un documento en el que se contemplan nuevas medidas para contener el gasto, estabilizar las arcas municipales y cumplir así con el Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, entre los que se encuentra Puerto de la Cruz.

En marzo del año pasado, la ciudad turística era, con 13 millones de euros, el municipio del Norte de Tenerife con mayor deuda a proveedores y bancos, seguido de La Orotava con 5,5 millones.

Los ajustes del nuevo plan repercutirán, sobre todo, en el Organismo Autónomo Local, el Museo Arqueológico y la empresa pública Pamarsa. El documento todavía no fue entregado a los tres grupos de la oposición, Partido Socialista (PSC-PSOE), Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) y por lo tanto, se desconocen cuáles serán las decisiones que se adoptarán para encauzar la economía local. Entre otros motivos, porque “se está intentando ajustar hasta el último céntimo y por lo tanto, el documento se cerrará en el último momento”, apuntaron ayer fuentes del Ejecutivo municipal.

Los tres grupos, quizás porque desconocen la advertencia de la Subdelegación, consideran que se trata de un plan “que tendrá consecuencias en las corporaciones venideras”, puesto que el escenario que se plantea es a diez años, y por lo tanto debe estar lo suficientemente consensuado y no ser aprobado “de prisa y corriendo”.

No obstante, también critican que pese a la complicada situación económica, CC-PP no se haya planteado, al menos hasta ahora, “suprimir o reducir la asignación a los grupos políticos ni el personal de confianza”.

Fuentes municipales indican, por otro lado, que el escenario económico podría mejorar si finalmente el Ayuntamiento no tiene que abonar los premios de permanencia al personal laboral y funcionario, aprobados según convenio, al ser declarados nulos por la Comunidad Autónoma.

Para cumplir con la recomendación del Gobierno canario, CC-PP requirió un informe al Consejo Consultivo y éste abrirá nuevamente el expediente y analizará el artículo del convenio. El consistorio iniciará otra vez el proceso y pedirá que se declare nulo. Eso, añaden, “supondría más de un millón de euros para las arcas locales” y, aunque no solucionaría el problema ni evitaría el nuevo ajuste, al menos lo aliviaría.