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Canarias ayudará a víctimas de casos de bebés robados vía 0-1-2

   

El viceconsejero de Justicia Pedro Herrera

El viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Finalmente será la administración autonómica canaria la que acuda en auxilio de los denunciantes por casos de bebés robados, una trama que se extiende durante décadas y décadas del pasado siglo en España y que en la actualidad ha originado miles de denuncias por todo el país.

Ha sido un acuerdo entre la Viceconsejería de Justicia del Ejecutivo regional, cuyo titular es el magistrado en excedencia Pedro Herrera, y la Plataforma Afectados Clínicas de toda España. Causa Niños Robados, representada en Canarias por la letrada tinerfeña Natalia Domínguez, la que posibilita que sea el teléfono de información 0-1-2 esa vía de respaldo a los denunciantes.

Así, el 0-1-2 servirá de nexo de contacto con la oficina centralizada para estos casos abierta en Madrid tras otro acuerdo, éste del Ministerio de Justicia con las asociaciones de implicados.

abogada Natalia Domínguez.

La abogada Natalia Domínguez. / DA

Precisamente fue en aquella cumbre celebrada en el Ministerio cuando la referida letrada tinerfeña inquirió al ministro, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la escasa funcionalidad que para un canario tendría la apertura de dicha oficina a miles de kilómetros de las Islas.

Aunque en principio Ruiz Gallardón planteó la posibilidad de que fueran las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España quienes atendiesen a los afectados, finalmente han sido los contactos con la administración autonómica los que han resuelto tal deficiencia.

De momento, sigue sin haber fecha para el inicio del servicio, aunque un claro indicio de que finalmente se prestará radica en que ya figura en la Memoria de gestión de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuyo titular es Roberto Moreno.
La importancia de que el 0-1-2 ponga en contacto a los denunciantes canarios con la oficina madrileña se debe a que allí se facilita a los afectados el acceso a los ficheros con la información registrada con los expedientes sanitarios que obran en poder de la Administración.

Otra de sus funciones es flexibilizar la obtención de determinados datos del Registro Civil, como los nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.

Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses centraliza en tal oficina los perfiles obtenidos en los informes genéticos aportados por los afectados en una base de datos única.