La capital respira azufre en niveles ilegales y no se avisa a la población
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La normativa de la Unión Europea obliga a informar a la población cuando soporta niveles de dióxido de azufre (SO2) que suponen un riesgo para la salud con solo una exposición breve a este contaminante. El límite legal horario es de 350 microgramos de este gas por metro cúbico de aire, pero si se rebasa el valor 500 tres horas seguidas, la directiva europea (desde 1999), la posterior ley española de calidad del aire y un real decreto determinan que se supera el umbral de alerta a la población.
Pues bien, los vecinos de la capital tinerfeña han sufrido, al menos en la última década, 11 de estas situaciones extremas sin que el Gobierno canario haya dado la alerta oficial para que los colectivos más expuestos a esta contaminación y más vulnerables a ella puedan protegerse.
Es más, la Comisión Europea, consultada por este diario sobre estas superaciones en Santa Cruz de Tenerife, debidas a la Refinería de CEPSA, ha confirmado que en estos casos se tiene que avisar “sin demora” a los ciudadanos “por radio, televisión, prensa o internet” pues se trata de “niveles muy altos” de SO2. Y esta obligación, según los servicios de la CE, se tiene que cumplir aunque se mida en una sola estación de las ubicadas en la ciudad.
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José Fernández: “Se toman medidas; no se debe alertar sin necesidad”
Frente al criterio dado por la Comisión Europea a este diario, el director general de Protección de la Naturaleza, José Fernández, opina que no se ha avisado a la población pues no se han dado las circunstancias para ello, “y no se puede alertar sin necesidad” a los ciudadanos. A su juicio, las alertas se han activado pero para organismos públicos, Protección Civil y Refinería, y “se toman medidas para bajar los niveles de SO2, pero no trascienden a la población, salvo que la situación persista o tenga tal magnitud que así lo haga necesario”. “Estamos actuando correctamente dentro de lo que marca la ley”, apostilla el alto cargo de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Tras los niveles de SO2 del año 2011, la Consejería de Sostenibilidad obligará a CEPSA, con un plan aún en trámite, a reducir un 29% sus emisiones. La Consejería de Sanidad ha pedido una reducción mayor porque estudios científicos han confirmado que por cada 10% de aumento de este gas en la capital tinerfeña hay hasta el 12,5% más de muertes por enfermedades cardiorespiratorias. En 2012, el partido Ciudadanos de Santa Cruz denunció la contaminación de CEPSA y, a raíz de ello, en agosto pasado la Fiscalía Provincial presentó denuncia por delito contra el medio ambiente y ha pedido imputar “a los responsables de la actividad de la Refinería”.
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