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Defectos de forma – Por Francisco Pomares

   

La decisión del Supremo de anular la Plataforma Logística del Sur de Tenerife no paraliza las obras en marcha en Granadilla, ni liquida las pretensiones del Cabildo de Tenerife de crear un sistema general de infraestructuras en la zona Sur de la Isla. En realidad, sólo coloca el contador nuevamente en su arranque en lo que se refiere a la voluntad reflejada en el Plan Insular de Ordenación de definir una gran zona que abarca el Reina Sofía, el polígono industrial y el puerto de Granadilla y todo el suelo que hay entre la autopista TF-1 y el eje viario entre el aeropuerto y el polígono. A pesar del éxito simbólico que la decisión del Supremo supone para los demandantes -el grupo ecologista ATAN- el alto tribunal no ha entrado a valorar el impacto de la declaración de plataforma. Se ha limitado a reconocer defectos de forma en el trámite, relativos a la ausencia de algunos informes preceptivos, aunque las administraciones a las que no se consultó no recurrieran en su momento el Plan Parcial. Lo que en muy resumidas cuentas ha dicho el Supremo es que al expediente le faltan papeles. Las consultas realizadas por el Cabildo al Gobierno de España fueron insuficientes. Debiera ser una cuestión subsanable, pero no lo es.

Marcador a cero. Pero dejemos ahora de lado la Plataforma Logística del Sur, y su connotación más evidente, que es el rechazo social al puerto de Granadilla. Al margen de esta nueva demora, uno se pregunta por qué resulta tan frecuente que se paralicen proyectos importantes mal tramitados, proyectos en los que faltaban papeles, proyectos en los que no se aportaron los informes preceptivos, se incumplieron los tiempos de presentación o no se prestó suficiente atención a otros aspectos legales del proceso. La cosa es que sostenemos con nuestros impuestos una gigantesca y costosísima burocracia que se equivoca con excesiva frecuencia, provocando retrasos y perjuicios. Es de suponer que la presión de los políticos o el agotamiento de los plazos tendrán algo que ver con la recurrencia de los errores. Pero quizá también la desmotivación y la desidia sean factores a considerar.

En los últimos diez años, las administraciones del Archipiélago -y las de media España- tienen la mitad de sus proyectos empantanados en los tribunales, que en las cuestiones más polémicas -sobre todo las relativas a urbanismo y gestión del territorio- no suelen entrar en asuntos de fondo, y prefieren actuar cautelarmente amparándose en defectos de forma. Y nadie calcula el dinero -público o no- que se tira al sumidero cuando un proyecto importante se paraliza o se retrasa. Si el defecto es de forma, y no de fondo, los tribunales deberían abrirse a la posibilidad de subsanar esos defectos a posteriori.