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Emprendedores – Por Leopoldo Fernández

La Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internalización, el proyecto estrella anunciado por Rajoy como primera medida de su Gobierno en cuanto accediera al poder, acaba de ser aprobada la pasada semana por el Congreso de los Diputados. Y lo ha sido con mucho más retraso del esperado y con más pena que gloria, ya que se queda un tanto alicorta en sus objetivos y no responde a las expectativas que había despertado, sobre todo en los campos del cooperativismo y de los incentivos fiscales. Otra cuestión que no resuelve se refiere a las facilidades para el acceso a la financiación, sin las cuales no se advierten posibilidades claras para el relanzamiento de las empresas.

Así y todo, el Ejecutivo central confía en que la norma -que va a beneficiar a más de 2,3 millones de empresarios, especialmente pequeños y medianos y autónomos- sirva de revulsivo para la salida de la crisis, al favorecer la constitución de nuevas sociedades, con la consiguiente creación de empleo y generación de actividad económica. La ley implanta una cotización reducida de 50 euros, en vez de los 250 exigidos hasta ahora, para los emprendedores que inicien su actividad, introduce la factura electrónica y amortigua las cargas administrativas y burocráticas al agilizar y abaratar la constitución de empresas, principalmente las de responsabilidad limitada, con capital inferior a 3.000 euros. Otras ventajas afectan al pago del IVA y el IGIC, que a partir del próximo ejercicio no será obligado satisfacer hasta tanto no se cobre la correspondiente factura, así como a la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, el Impuesto de Sociedades y el IRPF, deducciones por investigación, desarrollo y reinversión de plusvalías en empresas nuevas y determinados incentivos fiscales para los accionistas.

El PP introdujo en la ley la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, para que éste puede salvar su vivienda habitual en caso de deudas empresariales hasta 300.000 euros, y la negociación extrajudicial de las obligaciones de pago no atendidas, para que el empresario tenga la posibilidad de rehacer su patrimonio en una segunda oportunidad. La modificación de la Ley Concursal, facilitar el acceso a la contratación pública y la atracción de empresarios, emprendedores, profesionales reputados e inversores extranjeros mediante la concesión del permiso de residencia y la agilización de visados se incluyen también en la nueva ley, lo mismo que la reducción a 10 millones de euros del capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca. Si empiezan a crearse más empresas que las que se destruyen desde 2009, la nueva norma cumpliría ya un primer y sobresaliente objetivo.