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El Gobierno veta un cambio legal que daría más fondos a los cabildos

   

presidentes Cabildos reunión FECAI

Bravo de Laguna (en el centro), junto a los presidentes de los restantes cabildos, en un acto de la Fecai. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Mesa del Parlamento regional ha rechazado tomar en consideración la iniciativa presentada por el Cabildo grancanario dirigida a aumentar los recursos económicos que reciben las corporaciones insulares para ejercer las competencias transferidas por al Comunidad Autónoma.

Para ello, proponía cambiar los criterios de Ley de Financiación de Haciendas Territoriales de Canarias, vigente desde 2009, de modo que las transferencias a los cabildos se actualicen, bien con el IPC, tomando como base el año 2008, o bien según la evolución de los ingresos de la Administración regional por recaudación de impuestos, en función del dato que fuera más favorable a las corporaciones insulares

La proposición de ley denuncia la insuficiencia financiera de las corporaciones

Por tanto, corto ha sido el viaje parlamentario de esta propuesta, que ni siquiera debatirán los diputados en el pleno de la Cámara, toda vez que el Gobierno canario ha informado en contra de su tramitación.

Argumenta el Ejecutivo que la aplicación de la norma propuesta por el citado Cabildo sería “lesiva” a los intereses de la Comunidad Autónoma” porque minoría “aún más” los créditos disponibles para mantener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

También esgrime el Gobierno regional que tal propuesta “afectaría negativamente” a las previsiones del Plan Económico Financiero y del Plan de Ajuste de la Comunidad Autónoma para este año así como al marco presupuestario programado para los siguientes ejercicios.

En su proposición de ley, cuyo trámite acordó rechazar la Mesa de la Cámara el 5 de agosto pasado, el Cabildo grancanario sostiene que los criterios utilizados desde 2009 hasta la actualidad “han puesto de manifiesto la insuficiencia” financiera de los Cabildos para ejercer las competencias que les ha delegado la Administración autonómica.

La institución que preside José Miguel Bravo de Laguna (PP) invoca tanto la Constitución Española, como el Estatuto de Autonomía y la Ley de Administraciones Públicas canarias para defender que el Ejecutivo regional “está obligado a destinar recursos suficientes” para el desempeño de esas competencias.

El vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, el socialista Julio Cruz, explicó ayer que el acuerdo de no tomar en consideración esta iniciativa “viene impuesto porque el criterio del Gobierno canario por motivos presupuestarios es de obligado cumplimiento en estos casos, y así lo establece el Reglamento”.

En todo caso, recordó que CC y PSOE aprobaron en el último debate sobre el estado de la nacionalidad canaria propuestas de resolución para abordar estas cuestiones en la Ley de Cabildos y la reforma de la Administración, un asunto, dijo sobre el que habrá una comparecencia del consejero de Presidencia en el próximo pleno del Parlamento.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda, consultada ayer sobre este rechazo a la propuesta grancanaria, se limitó a ratificar las referidas razones contenidas en la decisión de la Mesa en su reunión de agosto.