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NC denuncia que no se dan alertas por azufre para beneficiar a CEPSA

El diputado Román Rodríguez (NC) y el edil de XTenerife José Manuel Corrales, ayer, en el Parlamento. / DA
El diputado Román Rodríguez (NC) y el edil de XTenerife José Manuel Corrales, ayer, en el Parlamento. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La contaminación de la Refinería de CEPSA llega hoy al Parlamento canario. El presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, así como el vicepresidente y consejero de Sostenibilidad, José Miguel Pérez, deberán explicar hoy en el pleno qué medidas se han tomado ante las 381 superaciones del valor límite horario de dióxido de azufre (SO2) en la última década y los 11 episodios en que, durante ese periodo, se ha rebasado el umbral de alerta, sin que el aviso se diera a la población.

La pregunta a Rivero y la comparecencia de Pérez llegan a petición del diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, quien ayer, en rueda de prensa, acusó al Gobierno autonómico de haber “tratado con benevolencia a la Refinería durante demasiado tiempo, sobre la base de lo que más interesaba a la empresa, y no a los ciudadanos”.

Acompañado del concejal de XTenerife, José Manuel Corrales, de cuyas quejas sobre esta contaminación se ha hecho eco NC, Rodríguez invocó su condición de médico a la vez que político para aseverar “sin ninguna duda” que el Gobierno regional “incumplió el deber de dar la alerta” a la población, pues la normativa exige informar a los ciudadanos cuando se superan tres horas seguidas más de 500 microgramos por metro cúbico, tal como ha ocurrido en Tomé Cano, el Viera y Clavijo o la piscina municipal, alcanzándose en algunas ocasiones valores de1.325, cuando el tope para proteger la salud está fijado en 350.

“Es evidente que con los incumplimientos de los valores legales se ha interpretado la normativa de la forma que más ha beneficiado a los intereses de esta empresa, y no los de los ciudadanos, pues el Ministerio de Medio Ambiente ha establecido que basta con que incumpla una estación de las situadas en la ciudad para que incumpla toda la zona”, manifestó Rodríguez. En este punto, recordó la denuncia presentada en agosto por la Fiscalía Provincial al apreciar delito en estos hechos, y advirtió de que “si se demuestra que se ha causado un daño a la salud o se ha puesto en riesgo, puede haber un problema penal”. De hecho, señaló que la Dirección General de Salud Pública, en un informe de junio pasado, ha constado un aumento de la mortalidad por el SO2 de la Refinería.

Por ello, exigió al Ejecutivo regional que “al igual que cuestiona los informes de Repsol sobre los sondeos de crudo, haga lo mismo con CEPSA”, ya que “si con la refinería fuera la mitad de exigente” que con su rechazo a las prospecciones, “el problema en Santa Cruz cambiaría”.

A Rodríguez no le cabe duda tampoco de que “el Gobierno canario se ha puesto las pilas” ahora con un plan para obligar a CEPSA a reducir entre un 22% y un 29% sus emisiones de azufre, por la presión de partidos de la oposición en el Ayuntamiento como Ciudadanos y XTenerife “y por la denuncia de la propia Fiscalía”. De hecho, subrayó que este plan se debe a superaciones de SO2 del año 2011 y ha salido a información pública ahora, en agosto, un mes “inapropiado”.

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De ahí que, según el diputado, “el Gobierno canario debe retomar este tema con rigor, reconocer que se equivocó, si es que fue así, y rectificar, con actuaciones contundentes y eficaces”. Entre lo que debe hacerse, destacó encargar más estudios epidemiológicos sobre los efectos de la Refinería en la mortalidad y morbilidad en la capital tinerfeña.

Movilización social

Corrales agradeció que NC traslade esta inquietud al Parlamento, pues enfatizó que “estamos hablando de la vida, de la salud, y con eso no se puede jugar ni negociar alegremente”, máxime cuando “sabemos que la contaminación en niveles ilegales de azufre aumenta la mortalidad y causa daños a la salud”.

El edil capitalino anunció por ello que XTenerife se personará en la “demoledora y contundente” denuncia de la Fiscalía y ofrecerá a los vecinos que puedan personarse como acusación popular, al tiempo que exigió que “cese ya la complicidad” con CEPSA. Además, anunció que promoverá “una movilización social constante” contra la contaminación de esta industria contaminante, y “a medio plazo, el debate de que la Refinería salga del centro de Santa Cruz”.

Corrales criticó también que las estaciones medidoras del Gobierno canario las controle una empresa externa “claramente vinculada con la Refinería porque es la que misma que le hace la auditoría medioambiental”.